Por Peter Baker de The New York Times en exclusiva para AM.
Estados Unidos.– Los agentes del FBI están registrando la casa privada del presidente Joe Biden. Los republicanos atacan. Los demócratas se resisten a defenderlo. Se contratan abogados. Se interroga a los testigos. La secretaria de prensa está siendo bombardeada con preguntas que no puede o no quiere responder.
Pero, en medio del conocido ruido de fondo del escándalo en Washington, es probable que el principal costo para el presidente sea el de oportunidad: aun cuando no salga nada de la nueva investigación del abogado especial sobre el mal manejo de documentos clasificados por parte de su equipo, desde el punto de vista político ha dejado al expresidente Donald Trump libre de culpa por el almacenamiento de documentos secretos.
Los casos son muy diferentes en sus especificidades, como se ha señalado en repetidas ocasiones. Biden ha cooperado con las autoridades, invitándolas a registrar su casa, mientras que Trump se negó a recabar los documentos incluso después de que un tribunal le ordenó hacerlo, lo que llevó a un juez a emitir una orden de registro. Pero son lo suficientemente similares como para que, en la práctica, los demócratas ya no puedan utilizar el asunto contra Trump para fines políticos y los investigadores enfrenten más dificultades para iniciar un proceso penal en su contra.
“Creo que es probable que cuando termine la investigación, el caso Biden acabará siendo un caso de errores involuntarios, de descuido, pero no de desacato intencionado a las normas o a la ley”, dijo David Axelrod, quien fue uno de los principales asesores del expresidente Barack Obama. “El caso de Trump es muy diferente y más grave. Pero puede que para la opinión pública esas líneas sean un tanto difusas ahora”.
Serán aún más difusas si las revelaciones adicionales del caso de Biden producen más información perjudicial. Los aliados demócratas están cada vez más frustrados por una Casa Blanca que ocultó al público el descubrimiento de documentos secretos durante dos meses e, incluso después de informar sobre ello, solo proporcionó información parcial, para luego declarar que la búsqueda había concluido, para que luego aparecieran más documentos.
La percepción pública de que todo el mundo lo hace no hará más que avivarse con el último descubrimiento de documentos clasificados en la casa de Indiana del exvicepresidente Mike Pence. Pence pidió a un abogado que revisara los archivos para ser precavido, según informó CNN el martes y una vez que encontró los documentos los entregó de inmediato a las autoridades.
Nadie se ha alegrado más de los acontecimientos que Trump, quien, como era de esperar, los ha utilizado para desviar la atención de su propia mala gestión de los documentos y acusar a los demócratas y al gobierno de tenerlo en la mira por animadversión partidista. El martes, en una campaña de recaudación de fondos, dijo a sus seguidores que estaba “siendo perseguido” por un fiscal especial “desquiciado por Trump”, mientras que Biden “está recibiendo un trato de guante blanco”.
Biden mintió al pueblo estadounidense y utilizó como arma al Departamento de Justicia (o como yo lo llamo, el Departamento de Injusticia) para perseguirme por el mismo delito que él mismo cometió”, dijo Trump en un video. “La diferencia es que mientras yo hice todo bien, no hice nada mal, Biden lo hizo todo mal”.
Al mismo tiempo, los republicanos que se han sentido incómodos con las preguntas sobre el expresidente se han apresurado a sugerir una equivalencia o incluso a afirmar que la conducta de Biden fue peor que la de Trump.
“Son muy similares y, sin embargo, hay algunas diferencias”, dijo la representante republicana de Carolina del Sur Nancy Mace en el programa “Meet the Press” de la NBC el domingo. “Se parecen en que ambos sustrajeron por error información clasificada que debía estar en los Archivos Nacionales” y de instalaciones seguras, dijo. Pero la diferencia es que desde que Biden dejó el cargo hace seis años, “estos documentos estaban ocultos; nadie sabía de ellos”.
Una nueva encuesta indicó que la mayoría de los estadounidenses piensa que tanto Trump como Biden hicieron algo mal. El 77 por ciento de los encuestados por ABC News e Ipsos dijo que Trump actuó de forma indebida en el manejo de documentos clasificados, en comparación con un 64 por ciento en el caso de Biden.
Muchos estadounidenses sí distinguen el grado de mala conducta: el 43 por ciento dijo que la conducta de Trump era una “preocupación más grave”, frente al 20 por ciento que dijo que la de Biden era más grave. Pero el 30 por ciento consideró que ambas eran igual de graves.
El fiscal general Merrick Garland ha nombrado a dos consejeros especiales para investigar los casos de Trump y Biden, en un esfuerzo por aislarlos el uno del otro y, al menos en teoría, de la política. Pero el simple hecho de nombrar un consejero especial para cada uno sugiere un cierto paralelismo en términos de mensaje público.
Por otra parte, a fin de cuentas, Garland seguirá tomando la decisión final sobre qué hacer en ambos casos, lo cual podría dar pie a ataques por aplicar un criterio desigual si presentara cargos en un caso y no en el otro. Esto se complica aún más, ya que la política del Departamento de Justicia, establecida en anteriores gobiernos, indica que un presidente en funciones no puede ser acusado aunque existan pruebas de delitos penales.
Garland, quien fungió como juez federal de apelaciones y llegó a su puesto actual con una reputación bipartidista de independencia y rectitud, ahora insiste a los escépticos que puede supervisar ambas investigaciones con imparcialidad, aunque una implique a su jefe y la otra al hombre que se presenta contra su jefe en las elecciones presidenciales del año próximo.
En términos de una resolución jurídica, el hecho de que Biden deba defenderse ahora por su manejo de los documentos no tiene en teoría ninguna relación directa con el hecho de que Trump deba ser acusado por sus acciones. Sin embargo, en la práctica, los fiscales son sensibles a la percepción pública. De hecho, esa preocupación es la razón por la que Garland nombró consejeros especiales para manejar cada una de estas investigaciones, a pesar de que dijo que creía que su departamento podría haberlas manejado de manera justa.
Andrew Weissmann, que fue un subalterno de alto nivel del consejero especial Robert Mueller durante la investigación sobre la interferencia rusa a favor de Trump en la campaña de 2016, dijo que la percepción pública no debería tener un efecto sobre si se debe abrir un caso contra el expresidente.
“Establecer distinciones factuales relevantes es una función central del Departamento de Justicia”, dijo. “Pero no se puede negar su relevancia como cuestión política. La aceptación pública de la legitimidad de iniciar el primer proceso penal contra un expresidente de Estados Unidos va a ser fundamental”, afirmó.
Stanley Brand, un importante abogado de Washington que fue consejero general de la Cámara de Representantes, dijo que el equipo de abogados de Trump podría tratar de impugnar un enjuiciamiento alegando parcialidad política.
“También está la cuestión del enjuiciamiento selectivo: tratar casos similares de manera diferente en función de una clasificación o criterio sospechoso”, dijo Brand. Refiriéndose a Garland, agregó: “Alegaría que, como designado por el presidente, está en conflicto, un conflicto que no puede resolverse mediante el nombramiento de un abogado especial, ya que según el reglamento del Departamento de Justicia, él sigue siendo responsable en última instancia”, explicó.
Eso no significa que un juez vaya a estar de acuerdo con el argumento de Trump. “Incluso si esos alegatos no prevalecen en última instancia en los tribunales”, dijo Brand, “complican la decisión del fiscal general, quien tendría que sopesar la probabilidad de un prolongado y complicado litigio previo al juicio de tales alegatos”.
No obstante, de momento, los casos se dirimen en el tribunal de la opinión pública y republicanos y demócratas coinciden en que Trump logró darse un respiro. Después de todo el furor por la descarada resistencia de Trump a devolver los documentos y su insistencia en que podía desclasificarlos con solo pensarlo, ahora la atención está centrada en Biden.
c. 2023 The New York Times Company
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