Columbia Heights, Minnesota.- Durante más de dos horas, un domingo por la tarde, el reverendo Gustavo Castillo dirigió la congregación pentecostal que ha hecho crecer en este suburbio de Minneapolis a través de la oración, las Escrituras, música conmovedora y, a veces, testimonios llenos de lágrimas.
Pero es posible que todo eso termine pronto: Un cambio repentino en la forma en que el gobierno federal procesa las tarjetas de residencia permanente para trabajadores religiosos nacidos en el extranjero, junto con máximos históricos en la cantidad de cruces fronterizos ilegales, significa que miles de clérigos como él están perdiendo la posibilidad de permanecer en este país.
“Estábamos en el borde de hacernos residentes y, ¡pum!, cambió eso”, dijo Castillo, nacido en Colombia, mientras su esposa mecía a su hijo de 7 meses, ciudadano estadounidense por nacimiento. “Todo lo hemos hecho correctamente. De aquí en adelante creemos que Dios hará al milagro: no tenemos más opciones”.
Para convertirse en residentes permanentes de Estados Unidos, lo que eventualmente puede conducir a la ciudadanía, los inmigrantes solicitan tarjetas de residencia, generalmente a través de familiares o empleadores estadounidenses. Anualmente, hay disponible una cantidad limitada de tarjetas de residencia permanente para inmigrantes —comúnmente llamadas “green card”— establecida por el Congreso y separadas en categorías según la cercanía de la relación familiar o las habilidades necesarias para un trabajo.
Los ciudadanos de países con un número desproporcionadamente alto de inmigrantes son colocados en filas distintas, a menudo más largas, para obtener sus tarjetas de residencia permanente. Actualmente, la categoría con mayor retraso es la de hijos mexicanos casados de ciudadanos estadounidenses —sólo se están procesando solicitudes presentadas antes de marzo de 1998.
Históricamente, la fila para los líderes religiosos había sido lo suficientemente corta para obtener una “green card” antes de que expiraran sus visas de trabajo temporales, dicen los abogados.
Eso cambió en marzo. El Departamento de Estado anunció que durante casi siete años había colocado en la fila equivocada decenas de miles de solicitudes para menores abandonados o abusados de Guatemala, Honduras y El Salvador, y que ahora comenzará a agregarlos a la fila del clero. Desde mediados de la década de 2010, un número creciente de jóvenes de estos países han solicitado asilo tras cruzar a Estados Unidos sin autorización legal.
Este cambio significa que actualmente sólo se procesan las solicitudes presentadas antes de enero de 2019, lo que adelanta unos meses a los menores centroamericanos, pero no da a los clérigos con visas que vencen, como Castillo, otra opción que dejar atrás a sus congregaciones estadounidenses.
“Están haciendo todo lo que se supone que deben hacer y, de repente, se ven totalmente avasallados”, dijo Matthew Curtis, un abogado de inmigración en la ciudad de Nueva York a cuyos clientes —como un rabino israelí y un ministro de música de Sudáfrica— se les acaba el tiempo. “Es como una bomba en el sistema”.
Los abogados estiman que hay ahora tanta gente en la fila que el tiempo de espera es de al menos una década, porque, anualmente, sólo pueden otorgarse 10.000 tarjetas de residencia permanente para inmigrantes.
La firma de Curtis informa a los posibles solicitantes del clero que “no hay indicios sobre cuándo podrían recibir una ‘green card’”.
Es probable que eso disuada a las organizaciones religiosas de contratar trabajadores extranjeros precisamente cuando más los necesitan ante la creciente demanda de líderes de congregaciones de inmigrantes que hablen otros idiomas además del inglés y comprendan otras culturas.
“Es reconfortante practicar tu religión en tu lengua materna, con alguien cercano a tu cultura celebrando misa”, dijo Olga Rojas, asesora sénior de inmigración de la Arquidiócesis de Chicago. La Iglesia católica estadounidense además ha recurrido a sacerdotes extranjeros para aliviar la escasez de vocaciones locales.
En una parroquia del área de Chicago que ha ayudado con la oleada de recién llegados desde la frontera este año, dos hermanas religiosas mexicanas han iniciado ministerios para mujeres en los refugios así como clases de inglés, detalló Rojas.
“Estas dos hermanas saben que no obtendrán ‘green cards’”, agregó, y se espera que pierdan a otras hermanas y hermanos religiosos que se desempeñan como profesores, directores y en otros roles clave. “Eso es catastrófico”.
Aquellos en órdenes religiosas con votos de pobreza, como las monjas católicas y los monjes budistas, se ven especialmente afectados porque la mayoría de las otras categorías de visas de trabajo exigen que los empleadores demuestren que pagan a los trabajadores extranjeros salarios actuales. Y como ellos no reciben un salario, no califican.
En todas las tradiciones religiosas, hay pocas opciones para que estos trabajadores continúen con su ministerio en Estados Unidos, de acuerdo con los abogados. Como mínimo, necesitarían viajar al extranjero durante un año antes de ser elegibles para otra visa temporal para trabajadores religiosos, y repetir ese proceso —pagando miles de dólares en tarifas— durante toda la década o todo el tiempo que su solicitud de tarjeta de residencia siga pendiente.
“Una gran preocupación es que irse no es realmente viable. La iglesia reemplazará al pastor o cerrará; es demasiada inestabilidad”, dijo Calleigh McRaith, abogado de Castillo en Minnesota.
Estar en el limbo es un desafío para los trabajadores religiosos afectados, entre ellos Stephanie Reimer, una canadiense que sirve en una organización misionera juvenil cristiana no confesional en la ciudad de Kansas City. Su visa expira en enero.
“He orado mucho”, dijo. “Hay días en los que resulta abrumador”.
Martin Valko, un abogado de inmigración en Dallas entre cuyos clientes se incluyen imanes y pastores metodistas, dijo que muchos confían en su fe para mantener la esperanza.
Pero las opciones realistas son tan pocas que la American Immigration Lawyers Association (Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración) y líderes religiosos, como el cardenal católico de Chicago y coaliciones de pastores evangélicos, han presionado al gobierno del presidente Joe Biden y al Congreso para resolver el problema.
Las soluciones administrativas podrían incluir autorizar que los trabajadores religiosos al menos soliciten sus tarjetas de residencia permanente para que puedan obtener una autorización de trabajo temporal como aquellos que están en otras filas esperando la “green card”.
La solución más efectiva e inmediata sería que el Congreso eliminara de esta categoría las solicitudes de los menores vulnerables, sostienen los abogados. Aunque es humanitario, constituyen la gran mayoría en la fila que ahora comparten con los trabajadores religiosos, dijo Lance Conklin, un abogado de Maryland que copreside el grupo de trabajadores religiosos de la asociación de abogados.
“No deberían enfrentarse entre sí en la competencia por visas”, dijo Matthew Soerens, quien dirige la Evangelical Immigration Table (Mesa Evangélica de Inmigración), una organización nacional de defensa de los inmigrantes.
De vuelta en la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, Castillo dijo que ha ministrado a una familia con dos niños pequeños que sobrevivieron al Tapón del Darién —una jungla en Centroamérica preferida por los traficantes y una de las partes más peligrosas en las rutas de los migrantes— y a una madre y su hija que dijeron que entraron “por el hueco” del muro fronterizo.
“Y algunos de ellos están en mejor situación migratoria” que él y su esposa Yarleny, dijo Castillo. Pero agregó que su llamado a ministrarles no se deja intimidar. “Yo sirvo a Dios, él se encarga de esos asuntos mientras que yo me encargo de los que me ha encomendado”.
Por eso, incluso cuando se enfrentan a tener que abandonar el país una vez que sus visas expiren en febrero, los Castillo recaudan fondos para comprar el edificio donde ahora alquilan un espacio de culto. También conducen regularmente 10 horas hasta Dakota del Sur, donde están estableciendo otra iglesia.
“En este trabajo, uno está atendiendo constantemente familias destruidas y necesitan un espacio como este”, dijo Yarleny Castillo.
JFF