Washington.- En Estados Unidos, las leyes migratorias son de carácter federal, no estatal, y su cumplimiento está a cargo de los oficiales federales. Los agentes y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional son responsables de arrestar a los migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera estadounidense, independientemente de si vienen desde México o Canadá. También son responsables de arrestar y deportar a las personas que se encuentran en el país sin autorización.
A eso se debe que las noticias en Texas sobre la aplicación de las leyes migratorias sean tan inusuales. Los legisladores de ese estado aprobaron un proyecto de ley según el cual el cruce ilegal de la frontera sería un delito estatal que, en teoría, permitiría a las autoridades estatales arrestar a los migrantes. Sin embargo, esto choca con la forma en que, generalmente, funcionan las leyes en Estados Unidos. Se suponía que la ley de Texas entraría en vigor este mes, pero ha habido un importante vaivén en los tribunales al respecto.
Esta es una vista más detallada:
Leyes federales vs. leyes estatales
En general, las cosas funcionan así: los legisladores estatales crean leyes para sus estados, las cuales son aplicadas por la policía estatal, la patrulla estatal u otro organismo local de aplicación de la ley. El gobierno federal hace lo mismo en toda la nación, y autoridades federales como el FBI o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aplican esas leyes. Generalmente, las leyes federales toman precedencia sobre las leyes estatales.
Sin embargo, los estados pueden, y con frecuencia lo hacen, aprobar leyes que invaden las leyes federales. Aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias.
La Ley de Texas
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha buscado cada vez más tomar los asuntos migratorios en sus manos. El gobernador republicano es un gran crítico del presidente Joe Biden y dice que las políticas del gobierno demócrata son un fracaso.
En noviembre, Texas aprobó una ley conocida como S.B. 4 que convertiría en un delito estatal el cruce hacia Texas desde cualquier país por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada legal. Esto sería considerado como una falta menor la primera vez, y como delito grave de ahí en adelante. La aprobación de esta ley significaría que los oficiales estatales de policía podrían arrestar a cualquier migrante atrapado cruzando ilegalmente. Anteriormente, estaban limitados a arrestar a los migrantes encontrados en tierras de propiedad privada por entrar en ellas sin autorización.
Cómo están las cosas
Ahora mismo, la ley está suspendida después de ir y venir en los tribunales, un proceso que ha llegado hasta la Corte Suprema. El martes, la corte permitió a Texas conceder a las autoridades estatales la facultad de arrestar a los migrantes. La mayoría conservadora de la corte rechazó una solicitud de emergencia del gobierno de Biden para evitar que la ley entrara en vigor. El gobierno federal argumentó que la ley es una clara violación de su autoridad que provocaría un caos en las leyes migratorias.
Pero entonces, un tribunal federal de apelaciones emitió una orden que evita que Texas aplique esa ley. Así están las cosas ahora mismo.
¿Cómo funcionan los arrestos migratorios?
En la frontera de Estados Unidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestan a las personas que atrapan cruzando ilegalmente y las envían a estaciones de ese organismo, donde inician su proceso de deportación.
Algunas personas son enviadas a centros de detención, que son administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Otras son liberadas y pueden esperar en Estados Unidos sus audiencias de deportación y en los tribunales de inmigración. Los tribunales de inmigración son manejados por un tercer organismo supervisado por el Departamento de Justicia.
Mientras tanto, los oficiales de aduanas revisan las identificaciones en los puertos de entrada, y arrestan a cualquier persona sorprendida intentando cruzar personas ilegalmente por la frontera en vehículos.
Los oficiales del ICE también arrestan y deportan a personas que ya están en el interior de Estados Unidos. Generalmente, estos migrantes son detectados porque están acusados de cometer algún otro delito local. Otros agentes arrestan a empleadores sospechosos de maltratar a migrantes.
Si una persona es arrestada por la policía estatal o local, lo es por un delito no relacionado con la inmigración. La persona es entregada a las autoridades migratorias una vez que ha sido juzgada.
¿Se ha arrestado a alguien?
Las autoridades de Texas no han anunciado ningún arresto realizado bajo la ley mientras ésta estuvo brevemente en vigor.
En cuanto a los arrestos federales, la respuesta es sí. La Patrulla Fronteriza, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, arresta a los migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente. Los datos más recientes de la patrulla se refieren a enero y se dividen por sector. En el sector de Del Rio, realizó 16.712 arrestos. En Rio Grande Valley, se realizaron 7.340. El número de arrestos se redujo considerablemente respecto de meses anteriores.
¿Otro estado ha intentado esto antes?
Sí. Arizona, otro estado fronterizo, aprobó una ley similar en 2010 en la que autorizaba a la policía arrestar a los migrantes si había una causa probable de que hubieran cometido un delito que los hiciera sujetos de deportación, y convertiría en un delito estatal que los “inmigrantes no autorizados” no llevaran papeles de registro y otras identificaciones gubernamentales. Este caso también llegó hasta la Corte Suprema.
Sin embargo, muchas de las disposiciones fueron desechadas.
“El gobierno nacional tiene un importante poder para regular la inmigración”, escribió en la opinión de la mayoría el exjuez Anthony Kennedy. “Es posible que Arizona tenga frustraciones comprensibles con los problemas causados por la inmigración ilegal mientras ese proceso continúa, pero el estado no puede aplicar políticas que socaven a la ley federal”.
Prevén que el panorama de deuda mejorará gracias a la inmigración
El gobierno federal estadounidense estará profundamente endeudado los próximos 30 años, pero el panorama ha mejorado un poco gracias a la inmigración y los compromisos de reducir el gasto público, informó el miércoles la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso, una entidad no partidista.
El reporte para el presupuesto y proyección a largo plazo —del 2024 al 2054— calcula que la deuda pública ascenderá a 166% del producto interno bruto en 2054. Esa es una disminución con respecto a la proyección emitida en junio de 2023, de que la deuda pública equivaldría a un récord de 181% de la actividad económica estadounidense para 2053.
La Oficina atribuye el aumento previsto del crecimiento económico a “el mayor crecimiento de la fuerza laboral potencial en los próximos 10 años, impulsado en gran parte por la inmigración neta y por una mayor acumulación de capitales para los próximos 30 años”.
Más a corto plazo, para 2029, se calcula que la deuda pública alcanzará 107% del PIB, superando el pico histórico alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial.
El reporte plantea la necesidad de una fuerza laboral inmigrante para impulsar el crecimiento económico nacional y advierte que, sin inmigración, la población del país se encogerá para 2040.
Una contracción demográfica podría tener efectos perjudiciales sobre la economía, como estándares de vidas estancados y dificultades para pagar deudas.
Otro factor en los menores déficits proyectados es un acuerdo logrado en 2023 entre el gobierno del presidente Joe Biden y los republicanos, de suspender el top de la deuda para 2025 a cambio de restricciones en los gastos para los próximos dos años. Levantar el tope de deuda, actualmente de 31,4 billones de dólares, asegura que el gobierno pueda tomar prestado para pagar deudas ya contraídas.
La Oficina usualmente emite proyecciones un poco más pesimistas que las emitidas por otras instituciones, como la Reserva Federal, aunque aclara que sus proyecciones están sujetas a un mayor grado de incertidumbre.
JFF