Guerrero.- La estrategia de seguridad en la Tierra Caliente de Guerrero implementada desde hace más de una década no ha podido frenar el control y crecimiento del crimen organizado en los 9 municipios de la región.
En esta zona de la entidad está un cuartel del Ejército con dos batallones de infantería, y desde 2019 la Guardia Nacional ha sido desplegada para apoyar las tareas de seguridad; sin embargo, los grupos que operan en la región han incrementado su poder.
Tal es el dominio del crimen organizado frente a las fuerzas de seguridad que líderes de la Familia Michoacana han utilizado a la población para impedir sus operativos con bloqueos carreteros, como ocurrió durante agosto y septiembre pasados.
Desde 2011, cuando empezó el poderío de la Familia Michoacana en la Tierra Caliente, la consigna para empresarios, comerciantes y Alcaldes, ha sido la de “plata o plomo”.
De las filas de esta organización salió Raybel Jacobo Dealmonte, quien formó su propia gavilla que inicialmente se autollamaba “Comando Justiciero Los Tequileros”.
Ambos grupos han azotado a la población de estos municipios que conforman la región con extorsiones, secuestros, cobro de piso, y más reciente al imponer los precios del servicio de transporte público, la tortilla y otros productos, además de la siembra y el trasiego de droga.
La disputa que a lo largo de estos años han sostenido estas dos agrupaciones delictivas, a las que se suma el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) –que solamente tiene bajo su control el municipio de Zirándaro–, ha generado desplazamientos de familias de las comunidades, masacres y asesinatos de políticos.
El 25 de julio de 2016, el alcalde perredista del municipio de ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte, fue asesinado a balazos por hombres armados en el municipio de San Lucas, ubicado en los límites con Michoacán. Cinco días antes fue ejecutado su chofer.
El edil había denunciado que líderes de la Familia Michoacana le exigían el pago de una cuota mensual y que nombrara en varios cargos de su gabinete a miembros de esta organización.
El 8 de mayo de 2018, en plena campaña electoral, un grupo armado privó de la libertad al alcalde con licencia del municipio de Coyuca de Catalán y candidato a diputado del PRI a diputado local, Bonifacio Montúfar Mendoza.
Al otro día, el priista fue hallado muerto a balazos en el interior de su camioneta en la calle principal de Coyuca.
Versiones oficiales informaron que Montúfar fue asesinado por miembros de la Familia Michoacana que lo amenazaron porque se negó a declinar la candidatura.
En 2021, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón, Marilú Martínez, tampoco quiso declinar su candidatura y en represalia un comando armado llegó a su casa y junto con varios integrantes de su campaña la privaron de la libertad por varios días.
La abanderada de MC fue dejada en libertad, pero ya no realizó campaña y las elecciones la ganó la priista Rosa Jaimes, esposa del exedil de este mismo municipio, Timoteo Arce Solís.
Al grupo de “Los Tequileros” y a su líder ya fallecido, Raybel Almonte, se la atribuyen los asesinatos de la exregidora panista del municipio de San Miguel Totolapan, María Félix Jaimes, y del sacerdote de ciudad Altamirano, Gregorio López Gorostieta.
En 2020, cuando integrantes del CJNG empezaba a incursionar en Zirándaro para desplazar a la Familia Michoacana, se registraron varios enfrentamientos en las comunidades, lo que originó el desplazamiento de cientos de familias.
Al año siguiente, en marzo del 2021, cuando el alcalde morenista Gregorio Portillo Mendoza anunciaba que se registraría como candidato para reelegirse, hombres armados, al parecer del CJNG, lo secuestraron y lo liberaron al otro día.
Portillo Mendoza ya no regresó al Ayuntamiento y desde Chilpancingo despachó los asuntos oficiales.
Seguridad en Guerrero: Control político
Ignacio Vázquez Memije, a quien desde 2014 le ha tocado operar las candidaturas de Morena a las nueve alcaldías en Tierra Caliente y los diputados locales en los dos distritos, señaló que en esa zona, los que deciden quién debe ser el que gane las elecciones son las organizaciones criminales.
“Con lo que ocurrió en San Miguel Totolapan ya estalló la bomba en esa región y la cosa se podría poner peor si el Gobierno no actúa”, dijo el exsecretario de organización del comité estatal de Morena.
Recordó que en las campañas de 2021 se puso peor porque los grupos delictivos les ordenaban a los líderes de los partidos que no pusieran a tal o cual candidato.
“En San Miguel Totolapan registramos candidato, pero ya estaba todo arreglado para que ganara el de la coalición del PRD y PRI”, aseveró.
El abanderado de estos dos partidos políticos en San Miguel y que ganó los comicios fue Conrado Mendoza, quien es uno de los 20 personas asesinadas a balazos por un grupo armado el pasado miércoles.
“Debe de haber más acción del Gobierno porque ya toda la gente de Tierra Caliente lo vive porque esos amigos (la delincuencia) tienen controlado todo, el refresco, la cerveza, tortilla”, dijo Vázquez Memije.
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