Veracruz.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó ayer que se está haciendo una revisión “total” del Instituto Nacional de Migración (INM), tras la tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrida el pasado 27 de marzo.
“Hay una revisión y total, no solamente los protocolos, sino integral del Instituto, pronto se darán a conocer los cambios”, mencionó Encinas.
Hay que fortalecer la atención, el trato digno, el respeto a los derechos y dar condiciones a los migrantes; incluso, para que se integren a la vida nacional”.
Entrevistado al término de la conmemoración del 109 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz en 1914, el subsecretario subrayó que hay una “evidencia clara” de que se falló en Ciudad Juárez.
“Ahí hubo omisiones importantes que deben ser castigadas”, consideró Encinas sin mencionar a los funcionarios involucrados e imputados del Instituto Nacional de Migración.
“Todo se está revisando, por supuesto, y se están fortalecido los protocolos de protección”, agregó Encinas.
Cuestionado sobre si habrá rotación de mandos en las sedes del INM, indicó que eso se hace “por lo general”, aunque reconoció la necesidad de hacer un esfuerzo más sistemático en la materia.
Apenas el domingo, el Contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, fue detenido por la muerte de 40 migrantes en la estación provisional de Ciudad Juárez.
El pasado 27 de marzo, un incendio en la estación provisional del INM de Ciudad Juárez provocó la muerte de 40 migrantes de distintas nacionalidades, así como lesiones en 25 más.
Hace una semana, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a tres funcionarios del INM dos en Ciudad Juárez y uno en el municipio de Ascensión.
El pasado 11 de abril, la FGR procedió penalmente contra el director del INM, Francisco Garduño, por presuntamente haber sido omiso en garantizar las condiciones de seguridad en la estación migratoria, además de un hecho similar en Tenosique, Tabasco en marzo de 2020.
La imputación fue por el delito de ejercicio indebido del servicio público, sancionado con uno a tres años de prisión. Garduño es responsabilizado de no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
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