Guanajuato.- Los siete estudiantes de la Universidad de Guanajuato que enfrentan una denuncia penal por iconoclasia dentro del edificio central dijeron tener miedo.
E informaron que la Fiscalía General del estado le dio carpetazo a su denuncia por privación de la libertad.
Esto va más allá del ejercicio de la iconoclasia, esto es un atropello y represión a todos los estudiantes, de todas las instituciones del estado de Guanajuato”, dijo Alfonso.
En las escalinatas del Edificio Central de la Universidad de Guanajuato, ayer, los estudiantes mencionaron que el pasado lunes les llegaron citatorios para una audiencia que se celebrará el 30 de abril por haber cometido un delito de alto impacto.
La iconoclasia es el rechazo a las imágenes religiosas.
¿Qué pena enfrentarían los 7 estudiantes de la UG?
La denuncia la habría interpuesto la propia Universidad, a través de su área jurídica.
Este delito es de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico, de acuerdo con el Artículo 211 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, la pena sería de uno a siete años de prisión y de 10 a 60 días de multa.
Acusan persecución política
“Nos parece sumamente alarmante la persecución política que existe en nuestra contra, pues en el transcurso de la semana fuimos notificados por el Poder Judicial que la Agencia de Investigación Criminal, que es la que trata delitos catalogados como de alto impacto”.
Nos quieren imputar el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico”, dijo otro de los estudiantes.
¿Qué sucedió en septiembre del año pasado?
En septiembre del año pasado, los estudiantes participaron en la movilización y toma de la Rectoría General para exigir transparencia en el proceso de designación de Claudia Susana Gómez López como rectora de la UG, así como por la falta de atención en casos de acoso escolar, sexual y violencia de género de la institución.
Durante las protestas, algunos participantes hicieron pintas dentro de las instalaciones, las que permanecieron visibles como un “acto de memoria” del movimiento, señalaron en su momento los manifestantes, en el acuerdo del pliego petitorio firmado por la Rectora.
Los alumnos acusan ahora que no se respetó el acuerdo y que las pintas fueron borradas.
Este sábado, dijeron que notan una “clara inferencia y coadyuvancia entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato y la Universidad para violentar nuestros derechos humanos, por lo cual les hacemos completamente responsables de nuestra seguridad e integridad”.
Durante la toma de la Rectoría General, decenas de estudiantes, profesores y hasta medios de comunicación permanecieron encerrados por horas dentro del Edificio Central, luego de que personal de seguridad cerró todos los accesos con candado.
“La denuncia fue presentada a finales de septiembre de 2023 y se le dio un carpetazo. Ahora resulta que la Fiscalía General del Estado sí le da seguimiento a la criminalización de siete estudiantes”, dijo Rodrigo.
Mencionaron que dos meses después de que presentaron la denuncia, la FGE cerró por completo el asunto. En tanto que la denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato (Prodheg) continúa en investigación.
JRL