Guanajuato, capital.- Con un breve comentario el gobernador Diego Rodríguez dejó clara su desaprobación por el nombramiento de Jorge Valencia Gallo como titular de Servicios Jurídicos de la Presidencia Municipal de Guanajuato capital.
Exdirector de Transporte del Estado, Valencia Gallo tiene en su contra un proceso penal por presunto cohecho durante su desempeño en ese cargo.
Yo lo veo muy mal porque creo que siempre hay que buscar personas que no tengan ningún antecedente de ese tipo”, afirmó Rodríguez Vallejo.
Jorge Valencia Gallo fue designado por el alcalde Alejandro Navarro, como director de Servicios Jurídicos del Municipio, luego de que el encargado de despacho, Iván García Irazaba, dejara la Administración para aceptar otra oferta laboral.
El Alcalde afirmó que está en el cargo desde esta semana, defendió su designación y dijo que lo conoce desde hace varios años por llevarle asuntos electorales en los procesos del 2018, 2021 y en el del pasado 2 de junio.
Además aseguró que hasta que no quede firme la sentencia no hay inconveniente en que ocupe el cargo, y dependerá de la alcaldesa electa Samantha Smith, su esposa, mantenerlo en el cargo.
El delito
Jorge Valencia Gallo fue director de Transporte del Estado de abril de 2019 a abril de 2020. Durante ese tiempo presuntamente solicitó y recibió 2 millones 100 mil pesos en cinco entregas por parte del dirigente de una agrupación de taxistas de San Miguel de Allende; el pago era para que otorgara permisos y concesiones que permitieran la circulación de ocho taxis ejecutivos y verdes en ese municipio.
Los documentos no les fueron otorgados, pero los taxis sí estuvieron dando servicio de manera ilegal, justo por la falta de esos documentos. Lo hicieron durante el periodo en el cual Valencia Gallo fue director.
La sentencia
El 14 de mayo pasado el juez Jorge Luis Ramírez León le impuso una sentencia de cuatro años y seis meses en prisión por el delito de cohecho, además determinó la reparación del daño por dos mil 534 pesos, como publicó AM al día siguiente.
Dentro de la misma sentencia se le inhabilitó por 10 años para ocupar cualquier cargo o comisión públicos, y fue suspendido de sus derechos políticos.
JRL