La maestra Lupita Barajas y Ulises Blanco, desaparecieron el 29 de febrero de 2020 y meses después fueron localizados en una fosa clandestina de Salvatierra

Acámbaro, Guanajuato.- La jueza del juzgado de oralidad penal, con sede en Acámbaro, dio sentencia absolutoria a los presuntos implicados en el caso de desaparición de la maestra Lupita Barajas y Ulises Blanco, quienes desaparecieron el 29 de febrero de 2020, y meses después fueron localizados en una fosa clandestina.

La jueza al dar su resolución dijo que no había elementos suficientes para que los acusados fueran sentenciados.

Hasta el momento se desconoce si los cuatro detenidos serán liberados, ya que al menos tres de ellos, están en otros procesos penales.

Juzgado de Oralidad Penal de Acámbaro. Foto: Staff AM.

Los alegatos previos al juicio de sentencia, dieron inicio el pasado lunes 19 de agosto en Juzgado de Oralidad Penal sede Acámbaro, mismos que concluyeron la tarde del martes, siendo hasta este miércoles, que se dio la sentencia absolutoria.

El pasado 15 de julio dio inicio el juicio oral por la desaparición cometida por particulares en perjuicio de la maestra Lupita Barajas y Ulises Blanco, en contra de cuatro procesados, siendo el único caso de esta fosa que ha tenido avances sustantivos.

Guadalupe Barajas Piña, conocida como la maestra “Lupita”, así como Ulises Blanco, desaparecieron el 29 de febrero del 2020 en Salvatierra, fue el 19 de febrero del 2021 que sus cuerpos fueron identificados, luego de haber sido encontrados en octubre del 2020 en una fosa clandestina en el barrio de San Juan.

En la fosa clandestina fueron encontrados 80 cuerpos, de los cuales hasta el momento se han logrado identificar por medio de pruebas de ADN alrededor de 65.

Organizaciones civiles reprochan impunidad

Tras la resolución judicial, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos lamentaron el fallo pese a las pruebas contundentes, dijeron.

Este fallo es un terrible mensaje de impunidad que pone en riesgo a la familia de Guadalupe, a los familiares de las 65 personas identificadas y a todos los colectivos que buscan a sus seres queridos en Guanajuato”, apunta el comunicado firmado por el Centro Prodh, SeraPaz, Programa Universitario de Derechos Humanos, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y la Red TDT.

Mencionan que esto evidencia las deficiencias de la justicia local en Guanajuato. “En particular de una Fiscalía que pudo haber desplegado una estrategia más eficaz en su acusación y sobre todo de un Tribunal de Juicio Oral lejano a las víctimas e indolente”.

Apelarán fallo y exigirán al Poder Judicial examinar a profundidad el caso

Mencionaron que la familia Barajas-Piña, acompañada de sus representantes legales, apelarán y exigirán al Poder Judicial examinar a profundidad el caso, con el acompañamiento de instancias internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Dado el contexto estatal, tras este mensaje de impunidad es relevante señalar la responsabilidad del Estado en la garantía de la integridad física y la vida de las y los buscadores de Guanajuato, sobre todo del colectivo Ángeles por Ti”, puntualizan.

Se trata de la segunda ocasión en que la familia Barajas Piña no obtiene justicia en la primera instancia, pues en el caso de su otro hijo asesinado, el buscador Javier, la sentencia inicial también fue absolutoria, lo cual se corrigió en la fase de apelación.

“Por ello, en esta ocasión a la familia Barajas le sostiene la esperanza de que ahora tampoco prevalezca la impunidad, de suerte que haya condena firme en la apelación”, concluyen.

Javier Barajas y María del Tránsito Piña: Padres en lucha

Javier Barajas y María del Tránsito Piña son originarios de Salvatierra, de profesión profesores de educación básica. El 29 de febrero de 2020 fue desaparecida su hija Guadalupe, la maestra ‘Lupita’, desde entonces la familia se concentró en su búsqueda.

En octubre de 2020 fue encontrado el cuerpo en una fosa de Salvatierra, junto con 80 más.

Javier, hermano de Lupita, ingresó a la Comisión Estatal de Búsqueda. Fue privado de su vida en 2021, por sujetos vinculados con la desaparición de su hermana. Las constantes amenazas que la familia recibía, ocasionaron que Javier y María salieran del estado para proteger su vida. En 2022 recibieron el premio anual de Front Line Defenders por su labor en la promoción y protección de los derechos humanos.

AM / DAR

 

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