Piden especialistas unificar el Código Penal en el País

Reunidos en el foro de investigación jurídica, especialistas en Derecho pidieron que se unifique el Código Penal en todo el País, para agilizar la justicia.
Eloy Morales Brand, doctor en Derecho por la Universidad de Aguascalientes, recordó que en México existen 30 normatividades y cada una de ellas responde a intereses de cada entidad federativa, y que todas juntas forman “una capirotada penal”.
“Es una mezcla contradictoria que atiende conflictos del momento, situaciones que favorecen electoralmente a algún grupo de poder, y que durante los procesos electorales acarrean votos”.
El investigador hidrocálido expuso por ejemplo: “en temporada electoral se les ocurre enviar iniciativas para implementar la pena de muerte, cosas como esas que favorecen a ciertos políticos que aseguran estar en contra de la inseguridad pública”.
Pero además, expuso: “es tan terrible este problema que en todo el País tenemos una verdadera capirotada porque resulta que en muchas entidades federativas es más grave el robo de un animal que la violación de una persona”.
De lograr la unificación de un Código Penal para todo el País, -dijo- tendríamos sanciones y procedimientos y junto con ello, una política criminal democrática y justa, pero, agregó: “¿estaríamos dispuestos a cambiar la realidad, o a acomodarnos a ella?”.
Por su parte, Joel Lara, de la Universidad de Guanajuato, expuso que unificar los códigos estatales y el Código federal tiene ventajas y desventajas.
“Nos permitiría tener un Código Penal más reducido y atenderíamos las verdaderas conductas que lesionan a la sociedad, ¿pero, estarían dispuestos los estados -entidades federativas- a ceder el control político? porque finalmente, los códigos penales se prestan mucho para eso, para el control”.
Dijo también que existen diferencias étnicas, geográficas y leyes de usos y costumbres, que dificultarían mucho la unificación.
Manuel Vidaurri Aréchiga, secretario general de la UG, quien sólo fue moderador de la mesa en la que también participaron Alejandro González Gómez, del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, y Francisco Galván González, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien expuso que el tema es “muy interesante, y se debe analizar con profundidad”.