La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió una recomendación para que se inicie un procedimiento administrativo contra la contralora municipal Joana Camacho López, por posible uso indebido de la función pública en perjuicio del abogado Ramón Izaguirre Ojeda.
La razón fueron las declaraciones a la prensa hechas por Joana Camacho hace meses al decir que Ramón Izaguirre actuaba fuera de la normatividad al defender como abogado a José María Hernández Vallejo, ex director de Cultura Municipal, en el procedimiento que le siguió la Contraloría por el robo de unos bustos de la Casa de la Cultura.
“Esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emite acuerdo de recomendación a Luis Fernando Gutiérrez Márquez, presidente municipal de Guanajuato para que instruya el inicio de procedimiento administrativo donde se deslinde la responsabilidad de Joana Camacho López, contralora municipal de Guanajuato, en relación con el ejercicio indebido de la función pública consistente en violación al derecho, al honor y seguridad jurídica de la cual se doliera Ramón Izaguirre Ojeda (…)”, establece el oficio de notificación, firmado por Gustavo Rodríguez Junquera, procurador de los Derechos Humanos, emitido el 16 de agosto y del cual AM tiene copia.
La historia comenzó porque a principios de año, la Contraloría Municipal inició un procedimiento administrativo contra José María Hernández Vallejo, ex director de Cultura Municipal, por el robo de unos bustos de la Casa de la Cultura en agosto o septiembre de 2012.
Entrevistado ayer, Ramón Izaguirre recordó que el 3 de abril pasado presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos contra la Contralora municipal porque ella había dado varias declaraciones a los medios de comunicación que él actuaba fuera de la normatividad al litigar ese caso, pues era y es secretario del Consejo de Simapag, una entidad municipal igual que la Contraloría. Es decir, que estaba litigando contra el Municipio para el cual trabajaba.
Agregó que lo que la funcionaria declaró fue que Izaguirre Ojeda violó el procedimiento cuando éste apenas iniciaba y que posiblemente le pudiera iniciar un procedimiento administrativo por fungir como abogado de Hernández Vallejo.
“Hoy Derechos Humanos (con la recomendación) dice que ella no podía decir que yo no respetaba la normatividad sin un procedimiento, porque estaba prejuzgando. Por lo tanto, concluye que probablemente se violaron mis derechos humanos y que se investigue”, explicó.
La resolución de la Procuraduría le fue notificada el jueves.

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