El Gobierno del Estado no ha cumplido con una de las 10 recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de las Mujeres, consistente en difundir los casos de victimarios sancionados por violencia contra las mujeres.
Lo anterior se desprende del documento comparativo elaborado por el Instituto de la Mujer de Guanajuato (IMUG) donde señala las 10 recomendaciones emitidas en abril y las acciones que ha realizado esta dependencia para cumplirlas.
Según este documento, leído por Adriana Rodríguez Vizcarra, directora del IMUG, ante diputados de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, representantes de Gobierno del Estado y del Poder Judicial, todas se cumplieron.
Pero hay una que no. En la recomendación de “difundir los casos de victimarios sancionados por actos de violencia contra las mujeres. Con ello se manda un mensaje de que estos hechos serán castigados y tendrá un efecto persuasivo en los agresores”.
Lo que señaló el IMUG como cumplimiento de esta medida fue: “Los casos de violencia contra la mujer se registran en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, red estatal de información sobre casos de violencia contra las mujeres”.
Pero no dice que se difundan y tampoco la Procuraduría de Justicia hace esta difusión de manera permanente.
Para las otras nueve medidas, el IMUG señaló la instalación o existencia de sistemas, protocolos y comité por parte de Gobierno del Estado.
En la misma reunión de la Comisión de Igualdad de Género, diputados del PRI, PAN, y PRD presentaron sus propuestas de organizaciones no gubernamentales que participarán con ellos en el análisis de acciones contra la violencia hacia las mujeres. Pero no dieron a conocer los nombres.
La diputada Erika Arroyo Bello, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que el PRI presentó cinco propuestas: dos instituciones educativas y tres organizaciones no gubernamentales. El PRD presentó casi 10.
‘Enfrían’ caso Iovana
Gerardo Trujillo y Alejandro Navarro, dirigentes estatal y municipal del PAN, urgieron al Ayuntamiento a tomar una decisión sobre la recomendación que hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos al Alcalde sobre la contralora municipal Iovana Camacho.
“Hay una resolución de Derechos Humanos que el Ayuntamiento debe de acatar. Aquí hay el riesgo de que no se tome en cuenta (…) sería lamentable que este Ayuntamiento priísta no la tome en cuenta. Si la recomendación de Derechos Humanos es que se separe, debe separarse”, expresó.
Aunque la recomendación de Derechos Humanos no fue en ese sentido.
“Este es un asunto que tiene más de un mes y no se ha hecho nada. Los asuntos no deben de enfriarse”, expresó.
Alejandro Navarro Saldaña, presidente del comité municipal del PAN, consideró que está viciada la Comisión de la Contraloría Municipal perteneciente al Ayuntamiento.