“Se echan la bolita”

La PGR regresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), las casi 800 denuncias por fraude contra la Caja Progresa para iniciar las averiguaciones por el delito, informó Marcarmen Soria, representante de los afectados.
Maricarmen consideró la medida como un paso para lograr la indemnización de las deudas de más de mil 200 socios defraudados, con el programa Fipago, que utilizará recursos públicos estatales y federales para pagar cerca de 250 mil pesos a cada socio.
Dijo que en los próximos días tendrán una reunión con miembros del programa a nivel federal y autoridades estatales para definir qué despacho jurídico será contratado para auditar a la Caja, otro paso para lograr el pago.
Agregó que con la medida, la PGJE está habilitada para emitir órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables de los delitos. “Tendrían que poder hacerlo”, dijo.
Hasta el momento, cerca de 800 socios de la Caja han interpuesto denuncias penales contra la mesa directiva que dirige Lidia Arvizu, acusada por fraude contra mas de 5 mil socios.
A finales de agosto de este año, la PGJE clausuró las instalaciones y documentación de la Caja Progresa, ubicadas en la calle Guanajuato, por lo que las operaciones de cobranza que seguía ejecutando la Caja, fueron detenidas.
Sin embargo, tres meses después, a finales de noviembre, la Caja reabrió sus instalaciones en un local mucho más modesto, ubicado en la calle Distrito Federal, aunque según los socios, nunca dejó de operar y cobrar a los deudores, pese a la clausura.