Alrededor de 300 socios defraudados por la caja popular Progresa, se manifestaron ayer por la tarde frente al Palacio de Gobierno para exigir apoyo a las autoridades para poder recuperar su dinero.
Los socios, originarios de Dolores Hidalgo llegaron en aproximadamente diez autobuses.
En septiembre de 2010, la caja Progresa entró en un proceso de quiebra por lo que se suspendió el pago de intereses a los socios y se les negó la disposición de sus ahorros, por lo que ahora los afectados han interpuesto una denuncia penal en contra de los dueños de la cooperativa, de los cuales algunos se encuentran prófugos y sólo una de las acusadas en la cárcel, por el delito de secuestro y delincuencia organizada, según la líder del movimiento, Maricarmen Soria Narvaez.
“Hay más de mil denuncias penales y no ha pasado absolutamente nada”, dijoSoria Narvaez.
Otra de las inquietudes de los afectados es que se realizó una auditoría pagada por el Gobierno del Estado y no se les han entregado los resultados.
“Se va a crear una comisión para acudir a Fipago para que se nos entreguen los resultados de la auditoría ya que a los que hemos puesto denuncia penal se nos amenazó con desaparecer nuestros papeles y no se nos pague nuestro dinero”, comentó la líder del movimiento.
Maricarmen Soria señaló que existe un reconocimiento por parte de Héctor García, coordinador de asesores del Gobierno del Estado, de que en la Caja Progresa existe el lavado de dinero.
Así mismo, indicó que se envió una carta formal a los diputados federales pero hasta el momento no han recibido apoyo.
Del mismo modo dio a conocer que el monto de lo defraudado asciende a más de 350 millones de pesos.

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