La Procuraduría General de Justicia (PGJ) pretende conseguir la acreditación de laboratorio
forense.
Durante cinco días de jornadas de práctica y aprendizaje, médicos forenses y peritos obtuvieron conocimientos y herramientas que servirán para obtener las acreditaciones ISO 17020 y 17025, las cuales dotarán de certeza internacional a los resultados emitidos en los laboratorios de medicina forense y química forense que forman parte de la Procuraduría de Justicia.
El procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que el curso de acreditación de laboratorio forenses y el trabajo de ICITAP México, es de suma utilidad para desarrollar un núcleo de personas bajo estándares internacionales, que se convertirán en catalizadores para replicar y potenciar la institución, los conocimientos y habilidades adquiridas, coadyuvando así a consolidar un Ministerio Público y órganos auxiliares, modernos y confiables.
“Estamos sin duda en una nueva era de procuración de justicia en Guanajuato, basados en una visión de cambio para mejorar, bajo un modelo de servicio eficiente, humano, oportuno, vanguardista y efectivo, con el claro objetivo de acercar la justicia a quien lo necesita, garantizar el Estado de Derecho y abonar al fortalecimiento de la atención y la seguridad de las personas y de sus bienes”, finalizó el procurador de Justicia.
Los participantes contaron con la asesoría de personal de talla internacional que se involucraron en dicha formación, siendo miembros del Programa Internacional para la Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal, capítulo México (ICITAP, por sus siglas en inglés), Bruce A. Hintz, director General de ICITAP México; Edwin L. Hernández, director de Proyectos; Miguel Oscar Aguilar Ruiz, director del Programa Forense y Ted Smith, asesor.
Además del asesoramiento de Terry Mills, gerente de Acreditación de la Entidad ANSI-ASQ, de la Junta Nacional de Acreditación de los Estados Unidos de América (ANAAB).
Asistió personal de la Procuraduría de Guanajuato, de procuradurías y fiscalías de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Puebla, Querétaro y Sinaloa y de la Procuraduría General de la República.