Proponen invalidar Ley de Imprenta

La Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato, que data de 1951, podría quedar sin validez por una iniciativa de diputados del PAN para que sea abrogada.
El coordinador de los diputados de Acción Nacional,, Éctor Jaime Ramírez Barba, presentó la propuesta en sesión de pleno del Congreso local.
“Establece qué elementos constituyen ataques a la vida privada, a la moral, al orden o paz pública, previendo una cualificación de maliciosa, cuando estas conductas se encaminen a ofender o bien, cuando no se le considera con tal naturaleza. Igualmente establece parámetros o criterios para no considerar delictuosa la crítica a un funcionario o empleado público, así como cuando hay excitación a la anarquía”, explicó.
El legislador agregó que esta ley que actualmente está vigente prevé también la prohibición de conductas encaminadas a dar difusión a determinados escritos, contemplando la penalidad respectiva. 
Además, regula la obligación de los propietarios de toda imprenta, litografía, taller de grabado o de cualquier otro medio de publicidad, de registrarse ante la Presidencia Municipal, por lo que contempla una sanción pecuniaria y privativa de libertad de incumplirse con dicho registro.
Añadió que establece varias reglas para la aplicación de las sanciones penales por los ataques a la vida privada, a la moral, al orden o paz pública, contempla la obligación de que todo impreso que se difunda debe forzosamente contener el nombre de la imprenta y califica como “clandestino” todo el que incumpla con esto.
“Obligando a la autoridad municipal que tenga conocimiento del hecho, a impedir la circulación de aquél, recogerlos e inutilizarlos; ante el incumplimiento, se establece una sanción para el dueño de la imprenta, litografía, taller de grabado u oficina en que se hizo la publicación, de veinticinco a cincuenta pesos, sin perjuicio de que si la publicación contuviere un ataque a la vida privada”, dijo.
Señaló que la ley también establece que en ningún caso podrán figurar como directores, editores o responsables de artículos o periódicos, libros y demás publicaciones, personas que se encuentren fuera del estado, contempla además responsabilidad criminal por escritos, libros, impresos, grabados y demás objetos que se introduzcan al estado en que haya ataques a la vida privada, a la moral o a la paz pública.