La Contraloría del Congreso local determinó que no hay responsabilidad porque Rafael García Ríos (titular del áreas) no declaró la posibilidad de un conflicto de interés debido a que su esposa trabaja en la Dirección de Finanzas de la Auditoría Superior del Estado (ASEG).
La encargada de despacho, Claudia Mayorga, informó a integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre la conclusión del proceso de investigación y aunque no se dieron a conocer los resultados, extraoficialmente se informó que no se determinaron responsabilidades. Además se ordena el archivo del asunto.
En febrero, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una denuncia ante el órgano fiscalizador del Congreso local debido a cuando asumió el cargo, Rafael García Ríos no declaró la posibilidad de un conflicto de interés debido a que su esposa trabaja en la Dirección de Finanzas de la Auditoría Superior del Estado (ASEG). Ella es Diana Ortiz Aldana y están casados desde hace 10 años (2009).
El contexto
El caso surgió porque el titular de la contraloría del Congreso del Estado manifestó excusa de conocer auditorías que se realizan a la ASEG por existir un conflicto de intereses al trabajar su esposa en la Dirección de Finanzas.
El fue nombrado contralor el 4 de marzo de 2017, se presentó a través de un procedimiento abierto de convocatoria y en ningún momento al inicio de este procedimiento y al momento de haber tomado protesta el manifestó que había un conflicto de intereses porque su esposa era parte de la dirección de Administración y Finanzas de la ASEG. El 12 de septiembre del 2018, el contralor manifestó a la Junta de Gobierno de la pasada Legislatura que él estaba en conflicto de intereses y que no podía conocer de ciertos asuntos, a la revisión que se hacía de las partidas de la ASEG.
La Junta de Gobierno el 14 de septiembre, ya saliendo la pasada Legislatura de 2018, le concedió la excusa a través de una minuta, es decir, pasó 18 meses sin que el funcionario diera a conocer la situación.
Pide licencia
Debido a esto, la Junta de Gobierno y Coordinación Política ordenó a la Contraloría realizar una investigación. El contralor solicitó licencia y en su lugar se quedó como encargada de despecho Claudia Mayorga, quien fungía como coordinadora de Auditoría y Control interno.