Guanajuato.- El Senado solicitó a la Fiscalía General de la República que revise la posibilidad de atraer la carpeta de investigación sobre el homicidio del migrante Leonardo Reyes Cayente a manos de policías estatales.
Por unanimidad el pasado 30 de abril se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que, en el marco de sus atribuciones, analice la posibilidad de atraer la carpeta 129198/2018 iniciada el 13 de diciembre de 2018, en San Miguel de Allende, Guanajuato, ante la Unidad Especializada en Homicidios”.
El joven migrante de 23 años, que llegó a pasar Navidad con su familia, fue asesinado por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló a través de un comunicado que habían sido agredidos sin motivo aparente por tres hombres armados sobre el tramo carretero San Miguel-Guanajuato-Juventino Rosas, y que se defendieron.
Desde el primer momento la familia rechazó la versión, defendió la inocencia de Leo y exigió justicia. Acudieron a la senadora leonesa de Morena, Antares Vázquez Alatorre, y por eso presentó la propuesta.
Lo que sigue es esperar qué responde la Fiscalía (FGR), tienen que ver cómo legalmente pueden hacer para atraerlo, todos sabemos que el homicidio es un delito del fuero común y le corresponde a la autoridad estatal, pero en ese caso la implicada es la autoridad local, es un tema terrible”, señaló.
La Senadora consideró que no se ha llegado al fondo de la investigación pero quieren cerrar el caso.
Ellos tienen un equipo de abogados, están muy metidos en el caso, pero no prospera, no hay avances, les quieran dar carpetazo porque para ellos el caso está cerrado con la versión únicamente de los policías.
Hay muchas evidencias que contraponen, incluso la necropsia de Leo no sustenta lo que dicen, están también las propias periciales que les han negado, hay muchas irregularidades en el caso”, dijo.
Entre las consideraciones que señala el acuerdo que tomó primero la Junta de Coordinación Política del Senado está el de que la Constitución Política en su artículo 21, establece que:
La seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias”.