Villagrán.- Por los delitos de terrorismo, al incendiar una plataforma y bloquear la autopista Salamanca Querétaro, fueron vinculados a proceso las nueve personas detenidas durante la manifestación por el abatimiento de un presunto ladrón originario de Santa Rosa de Lima.
Días antes se llevó a cabo la audiencia inicial donde se calificó de legal la detención y fue en la etapa de formulación de imputación, cuando se solicitó la duplicidad del término constitucional.
Fue hasta la mañana de este miércoles que se llevó a cabo la audiencia en la Sala de Oralidad Penal en Celaya, en donde se resolvería la situación legal de las nueve personas detenidas el pasado jueves 11 de julio cuando se manifestaban en la autopista a la altura de Villagrán.
Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) ofreció pruebas y testimonios a fin de determinar que las personas detenidas participaron en la quema del vehículo y llantas, impidieron el libre tránsito y agredieron a los oficiales de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE),
Serán procesados por terrorismo
Ante ello la defensa de igual forma presentó testimonios, grabaciones y fotografías de personas que estaban en el lugar, lo que finalmente permitió al Juez de Control y Garantías dar por veredicto que existían los elementos suficientes para la vinculación a proceso.
Las personas inculpadas fueron identificadas como Leticia, Diana Itzel, Araceli, Francisco, Roberto Carlos, Juan Manuel, Carlos Alejandro, Edwin Giram y Josefina, vecinos de Santa Rosa de Lima, San Antonio de Morales, Los Ángeles y Elguera.
Por este motivo a los imputados se les informó que por ser un delito grave, quedarían en prisión preventiva por cuatro meses durante el plazo de cierre de investigación.
De acuerdo al Código Penal para el estado de Guanajuato, en la sección cuarta en Delitos Contra el Estado y en el título primero de los Delitos contra la Seguridad del Estado se lee en el artículo 245.
“A quien por cualquier medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación, se le impondrá prisión de tres a quince años y de treinta a ciento cincuenta días multa”.