Salamanca.- Organizaciones de protección a la infancia exigen que no reabra la Ciudad de los Niños.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Disability Rights International (DRI), el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en Guanajuato (NIMA), y otras más de 30 organizaciones y activistas por los derechos humanos, fijaron postura para demandar que las autoridades no permitan la reapertura anunciada por el sacerdote Pedro Gutiérrez.
No se permita la apertura de Ciudad de los Niños hasta no ser investigado y concluido el caso”, dice el comunicado en el que exigen a las autoridades competentes “se retomen o en su caso inicien las investigaciones por los presuntos delitos y violaciones a los derechos humanos de los niños”.
El pasado 18 de julio el padre Pedro Gutiérrez Farías salió a declarar a medios que la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal, que considera excedidas las medidas resueltas por la juez Karla Macías Lovera en el juicio de amparo del año 2017, le daban la posibilidad jurídica de reabrir el albergue; para lo cual ya tenía el permiso de uso de suelo, de protección civil y salubridad.
Consideramos que reabrir la Ciudad de los Niños no debe sujetarse exclusivamente a los permisos del espacio, sino a las condiciones y el modelo de intervención de dicho Centro de Asistencia Social”.
Además demandan esclarecer el destino del dinero público que durante años se otorgó al albergue e hicieron un llamado para que organizaciones, instancias del Estado Mexicano y a la sociedad en general, a exigir justicia frente a esta situación que, señalaron, ha marcado graves violaciones a derechos humanos de los niños del lugar.
Procesos abierto
En otro comunicado REDIM y DRI refieren que hay siete carpetas de investigación por presuntos abusos, que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE) y una la Fiscalía General de la República.
Destacan la coherencia jurídica del magistrado presidente Samuel Meraz Lares por votar en contra de la resolución del Tribunal Colegiado, y coincidente con la sentencia de la Juez Karla Macías; argumentando que “era un imperativo legal analizar el entorno en el cual se desarrollaba la menor y que extender la resolución a favor de los otros niños, niñas y adolescentes tenía un interés legítimo”.
Es decir, no sólo a la menor víctima de quemaduras en las manos, motivo del juicio de amparo.
Piden a Iglesia reconocer el problema y no protegerlo
Asimismo, condenaron las omisiones y negligencias cometidas por las autoridades locales y federales en el caso.
Por último demandaron a la FGR realizar una investigación imparcial para identificar a los responsables de delitos, reparar el daño a las víctimas y garantizar sus derechos; al DIF Nacional para que investigue y recuerde al DIF del Estado de Guanajuato su obligación de no permitir la reapertura por los procesos en curso que inhabilitan al padre Pedro Gutiérrez de ofrecer servicios de cuidados alternativos.
A la jerarquía católica le piden reconocer el problema, no protegerlo y facilitar la investigación imparcial. Y a la Secretaría de Gobernación Federal (Segob) que acompañe las investigaciones y desde sus competencias garantice que se priorice el interés superior de la niñez en la “Ciudad de los Niños”.