Guanajuato, Guanajuato.- Colectivos de familias de personas desaparecidas lograron los compromisos con autoridades estatales para comenzar con labores de búsqueda de campo.
A través de un comunicado, colectivo presentaron la propuesta que establece como primer punto la eliminación de esta categoría, para elevar el fenómeno de la desaparición a un estándar de protección que obligue al Estado a que la búsqueda de las personas sea inmediata y se presuma que se ha cometido un delito.
& lo que es prioritario debido al contexto actual del Estado. Además, estos delitos se deben perseguir de oficio y deben tener carácter permanente y continua”, dice el comunicado.
Los colectivos también piden ampliar la representación de las familias en el Consejo Estatal Ciudadano, mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la ampliación de los principios rectores del Sistema Estatal de Búsqueda.
Además la creación de un registro adicional a los establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzadas de Persona y la regulación de células municipales de búsqueda.
También se proponen establecer medidas desde la perspectiva de protección integral de niñas, niños y adolescentes y las creación de un fondo específico sobre desaparición de personas.
Las propuestas tiene el respaldo de los colectivos Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, A tu Encuentro y Sembrando Comunidad de Irapuato y Búscame, buscando desaparecidos México.
Las familias anunciaron que en las próximas semanas comenzarán con las primeras búsquedas de campo, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía estatal y con la revisión de algunos casos particulares. Esto derivado de las mesas de trabajo que se han llevado a cabo con autoridades estatales.
Sin embargo, con el fin de ir más allá de la coyuntura y la urgencia y establecer políticas públicas estables en la materia, queda por definir una hoja de ruta compartida hacia la formalización, calendarización y realización de las mesas de trabajo en búsqueda e investigación y la de atención a víctimas, según una metodología rigurosa y consensuada, misma que hemos enviado al Gobernador y al Secretario de Gobierno, como garantía de su mejor desenlace y avance y en el interés prioritario de las víctimas”, señalan.