Guanajuato, Guanajuato.- El juez federal José Eduardo Martínez fue quien dictó la liberación de los tres elementos de la Secretaría de Marina.

AM estuvo en la audiencia de duró casi 10 horas en la sala 3 de oralidad del Poder Judicial Federal en la capital del estado.

Los marinos pidieron al juez que fuera breve al dictar su sentencia porque querían llegar a tiempo a su turno laboral, ya que se demostraba que la portación de armas no era un delito cometido, ya que son parte de la milicia, además la poca droga que se les incautó no ameritaba mayor pena.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención de los tres marinos en el restaurante VIPS de Celaya junto con miembros de una banda del crimen organizado.

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Además de los tres oficiales, se reveló que otro de los detenidos era un hombre identificado con el alias de “El Alfalfa”, presunto jefe de plaza de un grupo criminal que opera en Comonfort y San Miguel de Allende; además de otro delincuente conocido como “El Tortugo”.

El pasado miércoles el juez federal decidió no vincular a proceso a los miembros de la Marina: Betzabet, Ángel y Gustavo y les concedió el procedimiento condicional procesal.

Primeramente, el juez descartó como delito la posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano porque se trataba de elementos activos de la Secretaría de Marina y estaba más que justificada su portación de acuerdo a sus grados y cargos.

Sin embargo, sí se les imputó por los delitos contra la salud, es decir, por la posesión de droga.

Droga sin fines de comercialización

Pero se trataba de sólo 900 miligramos de cloruro de metanfetaminas, así que la Fiscalía Federal no pudo justificar que la droga era con fines comercialización. El juez les dictó una suspensión condicional del proceso.

Con esta resolución, Betzabet, Ángel y Gustavo tendrán que hacer trabajo comunitario de 3 horas por semana durante 6 meses. Cumpliendo la medida cautelar, se extinguirá la acción penal en su contra.

Los marinos quedaron en libertad de inmediato y, como presumieron ellos en la audiencia, ya habrían regresado a sus actividades en la milicia mexicana.

Los otros dos civiles detenidos que fueron imputados por el delito de posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano y de delitos contra la salud por la posición mínima de cloruro de metanfetaminas, pidieron prórroga que marca la Constitución, de 148 horas para demostrar su presunta inocencia. El juez se las otorgó sin prisión preventiva.

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