León, Guanajuato.- Se cumplieron nueve años desde que 22 migrantes provenientes de San Luis de la Paz desaparecieron al partir en busca del sueño americano el 21 de marzo de 2011.
Hasta la fecha persiste impunidad en el caso y las líneas de investigación son poco claras, denuncian los familiares.
Sólo uno de ellos fue localizado en una fosa clandestina en Tamaulipas.
Nace ‘Justicia y Esperanza’
Ante la falta de respuesta de las autoridades, sus familiares crearon el colectivo “Justicia y Esperanza”, que desde entonces se mantiene enfocado en un objetivo, encontrar con vida a sus seres queridos.
El colectivo está formado principalmente por mujeres, que por sí solas sacaron adelante a sus familias, pues no recibieron apoyo de las autoridades hasta 2019; sin embargo, dejaron de ser beneficiarios cuando inició la actual administración federal.
Comenzamos a recibir apenas a inicios del 2019, medidas alimenticias por parte de la CEAV federal; sin embargo, con el cambio de administración en dicha institución, las medidas nos han dejado de llegar desde diciembre del año pasado, y ante la emergencia nacional del coronavirus se nos coloca en mayor riesgo sin estos apoyos”, manifestaron en un comunicado.
“Guanajuato es uno de los cinco Estados que no ha declarado la presencia de ninguna fosa, aunque registros hemerográficos de la prensa local y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2006 y 2020, así como información de colectivos, han documentado la existencia de más de 40 fosas. Consideramos que el Fiscal estatal -que lleva cerca de 10 años al frente- no ha asumido con responsabilidad la búsqueda y la investigación de los casos de desaparición en el Estado”.
AM