Guanajuato.- Líderes políticos de oposición reprochan que la Fiscalía General del Estado haya resuelto no ejercer acción penal por el asesinato del migrante Leonardo Reyes.
Coincidieron que en este lamentable hecho se está muy lejos de hacer justicia.
El sábado el abogado de la familia, Juan José Padierna, informó que fue notificado del archivo de la investigación porque, a criterio de la Fiscalía, se actualiza la legítima defensa de los policías estatales que mataron a Leo en diciembre de 2018 (en un supuesto enfrentamiento en una comunidad de San Miguel de Allende).
No estamos conformes sino molestos porque no se está haciendo justicia”, opinó el abogado, quien agregó que habrán de impugnar en el plazo de 10 días legales.
De la resolución le comunicó la fiscal de San Miguel de Allende, Ramona Álvarez Pérez, misma a la que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) recomendó se le abriera un procedimiento de responsabilidad administrativa por la violación del derecho al acceso a la justicia de la familia.
El pasado 18 de febrero la PDHEG concluyó en su investigación que “la privación de la vida de la víctima derivó de un uso excesivo de la fuerza” y que además “fueron omisos en solicitar la presencia de cuerpos de auxilio para la atención médica”.
Ven una injusticia
La dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández, y la senadora del mismo partido, Antares Vázquez Alatorre, consideraron que se trata de una grave injusticia.
Es muy lamentable, desde el principio han estado intentado zafarse de ese caso que involucra a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y es injusto porque es evidente fue un homicidio, un abuso de autoridad, es muy grave”, anotó Antares.
Recordó que en su momento, a petición de la misma familia, solicitaron que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGE), pero no ha sido posible.
“Es evidente que lo archivan para ocultar una violación, la Fiscalía actúa como tapadera de las Fuerzas de Seguridad del Estado…Esperamos que (al impugnar) un Juez de Control revoque y ordene a la Fiscalía seguir investigando”, agregó Alma.
Para el jefe estatal del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, es “inconcebible”.
Pareciera que la Fiscalía quiere darle carpetazo para que no siga la investigación contra los elementos de las Fuerzas del Estado, hay un homicidio, un cadáver, contradicciones en las declaraciones, cómo es posible que no se judicialice porque están involucradas Fuerzas del Estado, es inconcebible lo que está pasando”, dijo.
Insiste que se debió judicializar el caso para que otra autoridad imparcial resolviera.
El archivo pone claramente en entredicho al Ministerio Público, no hay certeza jurídica… Es una mancha más al tigre a la Fiscalía, se debió judicializar, dejar que el proceso siguiera y las pruebas se aportaran y al final, un tercero, como debe ser, fuera el que determinara sí había o no responsabilidad de los agentes”, apuntó.
Auxilio internacional
El activista de derechos humanos, Raymundo Sandoval, señaló que insistirán en la atracción del caso por la Fiscalía General de la República “porque se parte que se cumple con los supuestos de la falta de independencia de la Fiscalía local y de un conflicto de interés donde están encubriendo a cuerpos del Gobierno del Estado”.
Además, con apoyo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, buscarán comunicación con la Organización de las Naciones Unidas para exponer que es una ejecución extrajudicial que se investiga sin independencia.
HLL