Guanajuato.- Entre 2019 y 2020 la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato inició 47 investigaciones, 7 fueron determinadas, 37 aún siguen en trámite y ninguna tuvo condenas por actos de corrupción. 

Esto lo señala el estudio Levantemos la Voz de las Fiscalias Anticorrupcion, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el 2 de diciembre. 

Ahí se muestra la calificación que recibió el estado tras fallar en la mayoría de las 64 variables integradas en cinco ejes: Marco jurídico en el que trabajan, sus recursos, el capital humano con el que cuentan, sus procesos de investigación y los resultados en procesos penales iniciados por delitos de corrupción. 

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“Guanajuato es de los estados con menor cumplimiento del marco jurídico, pues reportó contar solo con un fundamento legal para la creación de la Fiscalía Anticorrupción, así como un catálogo específico de delitos de corrupción dentro de su código penal”, de acuerdo con el estudio. 

Se indicó también que en el estado la falta de instrumentos que orienten la actuación de la institución puede limitar el potencial de ésta, ya que los resultados son responsabilidad de los ministeriales a cargo de los casos. 

El estudio recomendó que se deben crear manuales de procedimiento para aumentar el número de casos vinculados a proceso, el cual hoy representa menos de la mitad de las investigaciones judicializadas.

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En cuanto a la capacitación de su personal para señalar actos de corrupción, Guanajuato junto con Chihuahua, Sinaloa y Sonora fue de los pocos que recibieron capacitación en 2019 y 2020. 

Aunque esto no significó un incremento en las denuncias levantadas por instituciones de seguridad pues las investigaciones iniciadas por elementos del Ministerio Público y Policía son 12 de cada corporación.

Las levantadas por peritos del Ministerio Público apenas son 16, contrario a otros estados que reportan hasta 6 mil como la Ciudad de México, o Jalisco que abrió 2 mil 799 denuncias. 

Con estos resultados el IMCO concluyó que en Guanajuato son insuficientes para determinar si el mismo Ministerio Público que inicia la investigación es el que judicializa. 

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Señaló que otro factor que afecta al combate a la corrupción es la falta de mecanismos para denunciar de manera anónima, aunado a que es uno de los tres estados con menos investigaciones iniciadas. 

“La mayoría de estas (investigaciones) continúan en trámite. A pesar de ser el tercer estado con menor carga de trabajo para los ministerios públicos, no existen resultados óptimos”, finaliza el documento público.

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