Alberto Estrella, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, la diputada local Yulma Rocha Aguilar y la magistrada Gloria Jasso se pronunciaron en contra de que el delito de extorsión amerite prisión preventiva oficiosa.
Estrella consideró que seguir ampliando el catálogo de delitos es un acto violatorio de la presunción de inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica, la independencia judicial, la igualdad, la integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos.
Además, mencionó que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado al Estado Mexicano a reducir significativamente el uso de la prisión preventiva y velar porque siempre se tenga en cuenta la posibilidad de recurrir a las medidas alternativas de la privación de la libertad y solo que sea el único recurso se aplique de forma racional, cuando sea estrictamente necesario y por el menor tiempo posible.
La diputada Yulma Rocha Aguilar comentó que sin embargo, no estuvo de acuerdo en la iniciativa porque dijo que en ese caso se verían obligados a aumentar las penas a todos los delitos: homicidios, delitos sexuales.
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Señaló que al ser la prisión preventiva una medida cautelar y de las más severas, cuando se aplica, se manda el mensaje de que el detenido es culpable, cuando el principio que rige al sistema judicial es que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
“Esta iniciativa, aunque es viable, me parece que no pasa estos principios de proporcionalidad, de razonabilidad (…) Nos parece que no es viable la iniciativa”, expresó.
La magistrada Gloria Jasso, del Poder Judicial consideró que las razones que motivaban la propuesta son innegables, así como la necesidad de una política que permita la disminución de ese delito en forma objetiva. También comentó que la manera en la que se constituyó dicho ilícito en el Código Penal complica que se contemple en la prisión preventiva oficiosa.
“De manera que si aplicamos la prisión preventiva oficiosa, e incluimos este delito en los patrimoniales, estamos trastocando las bases del sistema de justicia penal. Podríamos decir que se torna abusiva”, señaló.
Dijo que su preocupación y la del Poder Judicial es que se amplíe el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
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Esto lo manifestó durante la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, para analizar la iniciativa del PAN de reforma al artículo 19 de la Constitución Política Federal que busca adicionar la extorsión como una de las conductas por las que procede la aplicación de la prisión preventiva de oficio.
Al mencionar los motivos de la iniciativa, la diputada Susana Bermúdez Cano, del PAN, expresó que se había presentado la propuesta en estudio como parte de la necesidad de adecuar el sistema jurídico a la evolución social para afrontar de manera más efectiva el combate a la criminalidad.
La representación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato manifestó que la extorsión no debía considerarse sólo como un delito que atenta contra el patrimonio, por ser un delito multi ofensivo que llega a trastocar la paz y seguridad e igualmente afecta física, psicológica y patrimonialmente a las víctimas y sus familias.
Por su parte, Federico Ruiz, de la Coordinación General Jurídica coincidió con que la extorsión sea considerada un delito con naturaleza plurifuncional y no sólo un atentado contra el patrimonio, por lo que aseveraron que la iniciativa era viable por dotar a las autoridades de las herramientas correspondientes para hacerle frente a los hechos criminales y que la propuesta generaría una mejor seguridad para las víctimas de ese delito.
A pesar de no coincidir completamente con la iniciativa, por considerar que es importante el reducir el número de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa y no ampliarlo, el diputado Gerardo Fernández González manifestó estar abierto a distintos mecanismos que permitan fortalecer la seguridad en Guanajuato, y cuando el propósito final se centre en disminuir los delitos en la entidad.
Finalmente, la legisladora Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión, solicitó a la secretaria técnica la elaboración del dictamen en sentido positivo para su discusión en la próxima sesión de la Comisión.
JATR