Guanajuato, Guanajuato.- Representantes de las plataformas para taxis ejecutivos que operan en el estado coincidieron en pedir que en la reforma legal sobre la materia se acote que los nuevos taxis de transporte privado sólo puedan trabajar con plataforma tecnológica exclusiva para dar este servicio.
Además, que tengan una placa especial que los identifique como tales, y que a estos taxis se les pidan los mismos requisitos que a los taxis ejecutivos actuales: licencia tipo B, carta de no antecedentes penales y tarjetón.
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Mario Fuentes resumió el sentir de la mayoría: “que la cancha sea pareja para todos” en cuestión de requisitos.
Esto lo pidieron 15 representantes de dichas empresas a los diputados locales de la Comisión de Seguridad Pública y Transporte, con quienes se reunieron para expresarles sus propuestas y observaciones sobre la iniciativa del Gobernador de reformar la Ley de Movilidad que eliminará el requisito de obtener un permiso gubernamental para operar este tipo de taxis.
Magali Chaires Martínez sugirió que en la ley se acote que la plataforma tecnológica que utilizarán los nuevos taxis privados sea de uso exclusivo para este servicio, porque actualmente se utiliza Whatsapp y otras plataformas y se hace uso de ellas para solicitar taxis ejecutivos, con lo cual se crea competencia desleal.
Y en su lugar pidió que se introduzca otro artículo que especifique que queda prohibido contratar el servicio por otro medio que no sea la plataforma tecnológica de uso exclusivo de este servicio, y que deberá hacerse directamente entre el usuario y el chofer, sin intermediarios.
Y que en caso de que se viole esta disposición, se suspenda el código de respuesta rápida por 60 días.
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También pidió que se derogue el artículo de la Ley de Movilidad actual que establece que queda prohibido prestar el servicio de taxis ejecutivos en la calle.
El representante de Didi propuso que el registro de vehículos esté a cargo de los propietarios.
También reconsiderar el monto de las multas para los conductores, porque informó que en la iniciativa se agrega una multa adicional por no contar con el registro, pero les parece excesiva.
Pide Uber facilidades para familiares del dueño
Ezequiel Gil, representante de Uber, dio la bienvenida a la iniciativa del Gobernador, pero comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el transporte privado y el público son totalmente distintos, por lo que deben ser regulados de manera diferente.
Hizo unas cuántas peticiones: que no solamente el dueño del vehículo pueda hacer trámites, sino también familiares u otras personas cercanas, a través de una carta poder.
Pidió que el plazo de 90 días se aumente a 180 días para iniciar el registro de los nuevos taxis de transporte privado.
Otro particular pidió que a los taxistas ejecutivos se les permita transitar a los nuevos taxis de servicio privado, porque tienen la experiencia y porque los primeros van a desaparecer con la reforma.
Por la misma razón, pidió implementar un programa de regularización, y que haya más oficinas regionales de la Dirección de Transporte en las ciudades más pobladas.
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Placas especiales: pros y contras
Propuso que los taxis del servicio privado porten placas especiales para que los usuarios los identifiquen. Otra representante coincidió porque argumentó que a veces el usuario no se quiere subir al vehículo si no está identificado.
José Luis Navarro se sumó y dijo que es importante mantener el distintivo, porque esto protege al conductor.
Sin embargo se contradijo porque también expresó que es conveniente que el auto no tenga distintivo porque hay municipios donde hay mucha inseguridad.
Recordó que en 2017 él solicitó al entonces Director de Transporte poner un distintivo a los taxis ejecutivos “y les fue mal porque los bajaban, los secuestraban“.
Javier Gámez Ortiz, de Taxi Minero, propuso que el nuevo servicio privado se preste en vehículos de no más de cuatro años, con prórroga de 2 años, para tener siempre un servicio óptimo.
Que se dé capacitación a choferes y que todas las aplicaciones de taxis tengan un botón de pánico conectado al C5.
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Otro representante pidió que en el Código Penal se incluya que a quien preste el servicio sin tener registro o permiso, se le imponga una pena de prisión que vaya desde un mes hasta cuatro años.
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