León, Guanajuato.– Siete plataformas tecnológicas de taxis ejecutivos ya pagaron su cuota de este año ante el Gobierno del Estado, que es de 60 mil 799 pesos cada una.
Pero el Gobierno no podrá devolver este dinero cuando desaparezcan los taxis ejecutivos por la reforma legal, porque ingresa a la Secretaría de Finanzas.
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Así que para recuperar su dinero los empresarios tendrán que presentar un juicio, dio a conocer José Luis Manrique, subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, quien estuvo presente en la reunión de estos empresarios y taxistas con diputados locales.
Ante ellos, comentó que de las 17 plataformas tecnológicas para el servicio de taxi ejecutivo presentes en el estado, siete ya pagaron la cuota mencionada.
En entrevista, agregó que otros no lo han hecho porque esperarán a la reforma a la Ley de Movilidad que eliminará los permisos del Gobierno del Estado como requisito para operar taxis de plataforma, y por lo tanto también desaparecerá el nombre de taxis ejecutivos y en su lugar se llamarán servicio privado.
Y es que durante la reunión, varios de los representantes de plataformas preguntaron cómo le harán para recuperar ese dinero los que ya pagaron.
Dado que como ya viene la modificación y se abre el tema de plataformas, y desaparece el servicio de transporte ejecutivo para dar paso al servicio privado de personas”, ya no van a tener que pagar esa cuota de reconocimiento.
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No a carta de no antecedentes penales
También les dijo que algunas peticiones de los representantes de plataformas de taxis ejecutivos serían inconstitucionales, como pedirles carta de no antecedentes penales, porque sería discriminación, pues es poner una limitante al trabajo.
Por lo tanto no podrán ser incluidas en la reforma a la Ley de Movilidad que se discutirá en el Congreso del Estado.
Y es que varios representantes de plataformas pidieron que se incluya en la reforma legal que entre los requisitos para operar los nuevos taxis de servicio privado esté la carta de no antecedentes penales a los choferes.
En entrevista, José Luis Manrique dijo que el análisis jurídico que hay hecho la Secretaría de Gobierno “nos lleva a que si lo llevamos a un tema de ley, estaríamos incurriendo en un tema inconstitucional y discriminatorio.
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Al ponerlo en la Constitución local estaríamos dando pie y pauta a que se vuelvan a amparar y les vuelvan a otorgar amparos en ese sentido”, explicó.