León, Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) acreditó tratos inhumanos, crueles y degradantes por parte de agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía en contra de tres detenidos en Celaya.
La resolución emitida el 16 de febrero del 2022 y publicada por la Procuraduría resolvió que hubo violación al derecho humano a la integridad personal derivado de una detención el día 13 de septiembre del 2019 en el municipio de Celaya.
En tres de las detenciones la autoridad señalada (Agencia de Investigación Criminal) no satisface los requisitos convencionales y constitucionales necesarios para justificar la afectación a la integridad física de las personas quejosas.
Uno de los detenidos presentó un hematoma de 3.5 centímetros en el costado izquierdo y tres moretones en el costado derecho de 3 centímetros cada uno. Esta persona no opuso resistencia en detención y se le encontró un arma de fuego.
La segunda persona presentó dos lesiones al momento de su ingreso a prisión, un hematoma en abdomen y una quemadura de primer grado en espalda baja. Acusó que fue objeto de golpes y patadas al ser detenido por los agentes, quienes además le vendaron los ojos, le colocaron una bolaza en la cabeza y le interrogaron por “una mochila”; le acostaron y le dejaron caer un líquido que le quemó la espalda.
“Si bien la detención se produjo mediante el uso de la fuerza debido al previo forcejeo (en su poder le encontraron un arma de fuego), las características de la lesión de quemadura no guardan relación con la detención”, apunta la Prodheg.
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El tercer detenido presentó a su ingreso dos lesiones: derrame en ojo izquierdo y hematoma en costal izquierdo. Se explica que no opuso resistencia a la detención, sin embargo, señaló que fue maltratado mientras lo detenían, dándole patadas en el cuerpo, puñetazos en la cara y golpes con armas largas.
Guanajuato: No prueban tortura
Dos de los tenidos también acusaron que las agresiones de que fueron objeto tenían por finalidad que se autoinculparan del delito de extorsión, particularmente asumiendo la responsabilidad de “…unas libretas que le encontraron a la persona que iban siguiendo y se metió al negocio de motos”.
En este caso la Prodheg resolvió que “no existen medios de prueba objetivos e imparciales idóneos, que permitan afirmar sin duda razonable que las lesiones que presentó tuvieran alguna finalidad u objetivo específico, ni que se hubieran planificado su realización”. Por lo que no se acredita la modalidad de tortura.
La recomendación
El resolutivo recomienda llevar a cabo una investigación por parte del personal de la FGE (Fiscalía General del Estado) con el objetivo de deslindar responsabilidades administrativas por las violaciones a derechos humanos.
Así como otorgar todas las facilidades a efecto de que se concluya a la mayor brevedad y conforme a derecho la investigación que se sigue en la carpeta de investigación (de la detención) y de ser procedente, el Ministerio Público finque las responsabilidades penales aplicables.
Y se apunta que “aun en actuaciones derivadas de sucesos como la detención en flagrancia materia de la presente resolución, se adopten todas las medidas legales y administrativas y se actúe con pleno respeto a los derechos humanos”.
LALC