León, Guanajuato.- La organización de derechos humanos Amicus ganó un amparo al Congreso del Estado por haber excluido a la comunidad LGBTIQ de asignaciones presupuestales 2022 en las dependencias centralizadas y descentralizadas de Guanajuato.
Y por lo tanto le ordena al Poder Legislativo que incluya en el Presupuesto de Egresos del Estado de este año una partida para dicha comunidad. Aunque no señala cantidad.
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Así lo anunció la diputada Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, en la tribuna del Congreso en la sesión del pleno de hoy.
Leyó los puntos resolutivos en los que el Juzgado Cuarto de Distrito de Guanajuato afirma:
Es un hecho notorio la existencia de discriminaciones legislativas a dicha comunidad, pues incluso ante este órgano jurisdiccional y ante otros que pertenecen a este circuito, que es el décimo sexto, existen diversos amparos promovidos por miembros de dicho conglomerado, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo o cambio de nombre y sexo en sede administrativa, entre otros asuntos”.
Por separado, mostró a AM la parte fundamental de la resolución del amparo, que ordena al Congreso: “Modificar la norma presupuestaria que se reclama, para incluir dentro de la misma programas, procesos y proyectos, con la finalidad de que se pueda cerrar la brecha de desigualdad en el ejercicio de derechos respecto de la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, transgénero/transexuales, no binarios, bisexuales, intersexuales y queer).
La diputada precisó que la resolución fue emitida por Ulises Fuentes Rodríguez, juez cuarto de distrito en el Estado, el 31 de marzo.
Reclama que se ocultó información
En el tribunal, la integrante de Movimiento Ciudadano reclamó que no se enteró de la noticia anterior por este Congreso, ni siquiera porque es parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, lo que ya había pasado el 9 de diciembre, cuando Amicus anunció que se había presentado el amparo.
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Y que se había entregado el informe correspondiente, sin que en la Junta de Gobierno se hubiera tenido conocimiento de ello.
Es decir, ¿este Congreso se está defendiendo en la vía jurisdiccional para no cumplir con su obligación de garantizar los derechos para todas las personas? Lo pregunto porque no creo que esa sea la voluntad de todas y todos los legisladores presentes”, reprochó.
Dessire Ángel esperó que no litigue ahora la Legislatura contra los derechos humanos para recurrir esta sentencia y pidió que, por el contrario, ya legislen para no negar derechos a las personas.
Por eso, presentó una iniciativa para agregar varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de transparentar la toma de decisiones “y evitar el ejercicio oculto del poder político”.
Pues dijo que resulta necesario que las decisiones jurisdiccionales tomadas por la Secretaría General del Congreso, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Apoyo Parlamentario de este Congreso la informen en todo momento a la Junta de Gobierno, pues ésta representa la pluralidad política del Estado.
“Celebro que los ciudadanos hayan ganado este amparo“, concluyó la legisladora.
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