Guanajuato.- En mesa de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, Poder Judicial, Imug y Coordinación Jurídica estuvieron de acuerdo con la propuesta del PAN de ampliar las medidas precautorias de protección a mujeres violentadas, de 72 horas hasta 90 días.
La legisladora Yulma Rocha Aguilar, presidenta de dicha comisión, informó que esta iniciativa busca hacer menos burocráticos los procedimientos para obtener estas medidas, que además en la propuesta busca sacar al agresor del domicilio y proteger a la víctima.
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Dijo estar a favor de la iniciativa por ser puntos de análisis que buscan la protección de mujeres que se encuentran en estado de emergencia por situaciones de violencia y que dichos mecanismos contribuirán a seguir situando en la agenda pública todos aquellos puntos que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres.
La diputada Martha Hernández Camarena subrayó que dicho mecanismo es una herramienta para cualquier víctima sin importar el tipo de violencia y que tendrá un impacto positivo en las mujeres al evitar que la violencia evolucione y lleve a consecuencias severas como la muerte.
Representantes del Poder Judicial del estado de Guanajuato señalaron la necesidad de armonizar las normas locales con la ley general, debido a que así se cumplirá el principio de legalidad que refiere a la aplicación de normas que den mayor protección a las víctimas y se regulará las órdenes de protección de la entidad que aumentarán la salvaguarda de protección para las mujeres.
La representación de la Coordinación General Jurídica del estado de Guanajuato manifestó que es necesario seguir considerando las consecuencias jurídicas a quienes desacaten las órdenes de protección, por lo que se pidió que la parte relativa a las omisiones estipuladas en la ley federal se contemplen en las normas locales a fin de dar certeza al cumplimiento de las órdenes de protección.
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La presidenta del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses consideró plausible las reformas en discusión, pero señaló que a pesar de que la violencia intrafamiliar es la más recurrente, también hay que considerar otras violencias, como la digital que también debería considerarse.
La integrante de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas indicó que la armonización propuesta no implica un impacto presupuestal directo, debido a que se cuentan con recursos para desarrollar capacitaciones para los servidores públicos de las diferentes dependencias que se involucran en la aplicación de la norma.
DSS