Guanajuato.- Alberto Estrella, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PDHEG), consideró que no es conveniente incrementar el umbral de protección de las víctimas del delito de estupro, de 16 a 18 años, como propuso el PRI en una iniciativa.
Se considera que la edad establecida en el Código Penal de Guanajuato se ajusta a los criterios internacionales para la protección de niños, niñas y adolescentes y ampliar la edad mínima para el consentimiento pudiera impactar negativamente en la protección de los derechos que se pretenden proteger”, señaló.
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Destacó que según las normas internacionales no hay una edad para dar el consentimiento sexual, pero señaló que sí son claras en cuanto al rechazo a que sea una edad muy baja.
Puso el ejemplo de España, donde la edad era de 13 años, pero un comité la consideró muy baja y la aumentaron a 16 años, edad fijada por la mayoría de los países europeos.
Así lo manifestó en la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso, en la cual se analizó la iniciativa del PRI de reforma al Código Penal en materia de estupro, delito que consiste en que un adulto sostenga relaciones sexuales con un menor de edad mediante la seducción o el engaño.
Al dar las observaciones de la PDHEG a la iniciativa, Alberto Estrella destacó también que tomando en cuenta que lo que se busca es proteger a los adolescentes, hay coincidencia de diversos organismos en que el exceso de penalización de las conductas como el determinar que entre los 16 y 17 años no se cuenta con la madurez suficiente para consentir una relación sexual y considerarse un delito, se pueden generar situaciones más perjudiciales que las que se pretenden subsanar.
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Y no sólo las relacionadas a abusos, sino aquellas consecuencias que pueden darse por la falta de información y por no ser plenamente conscientes de sus derechos y de los riesgos relacionados a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual.
Aunado a lo anterior, el aumento a la edad mínima, puede limitar la capacidad de decisión de los adolescentes entre 16 y 17 años que podría provocar la estigmatización de las personas que tienen actividad sexual antes del matrimonio.
Y que en el caso de las mujeres adolescentes tiene un impacto diferenciado con respecto a los hombres adolescentes al reafirmar percepciones de tipo moral o religioso, provocando un deterioro en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva como acceso a anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y atención obstétrica.
Ya que los trabajadores que realizan estas prácticas lo harían de manera ilegal y serían acreedores a sanciones hasta de tipo penal.
Por todo lo anterior, consideró necesario consultar a los adolescentes para recoger su opinión sobre esta propuesta, en concordancia con la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes para participar en las decisiones que les afecten.
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Piden analizar iniciativa
Por su parte, Elizabeth Durán Isaís, coordinadora jurídica de la Fiscalía del Estado, tampoco se mostró muy de acuerdo con la iniciativa, aunque no expresó una negativa directa, sino que expresó que se requiere analizar.
Argumentó que hay varios criterios nacionales e internacionales sobre el reconocimiento de la evolución de los menores, para que no se establezca una edad fija a partir de la cual sea posible emitir un consentimiento válido.
Citó la autonomía progresiva, consistente en que los adolescentes pueden tomar por sí solos sus decisiones y son sujetos de derechos, dependiendo la edad y la madurez, que es progresiva, en función de su medio social, económico y cultural en el que se desarrollen.
Señaló que no existe un consenso respecto a la edad en que llegan a la madurez los adolescentes.
No puede establecerse edades fijas para determinar el grado de autonomía, pues el proceso de madurez no es lineal ni aplicable a todos los niños y adolescentes por igual”.
Señaló que para determinar el grado de madurez sobre sus capacidades y sus derechos, es fundamental realizar una evaluación de sus características, como edad, nivel de madurez (sic), medio social y cultural, entre otros.
Y las particularidades de la decisión, tipos de derechos que implica, riesgos que asumirá, consecuencias a corto y mediano plazo.
Pero señaló que hay una contradicción entre dos iniciativas que ahí se estaban analizando en la Comisión de Justicia: una propone elevar la edad para las víctimas de estupro (que es la de los cuatro diputados del PRI) y otra de la bancada feminista para eliminar ese delito y convertirlo en violación.
DSS
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