Guanajuato.- Operadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunciaron abusos, amenazas y despidos injustificados por parte de los enlaces distritales del partido, además de otras irregularidades que detectaron mientras trabajaban ahí.

Al menos 80 personas que trabajaban para Morena promocionando la afiliación en los cuatro distritos y hasta en otros estados, han sido despedidas en las últimas semanas.

Un grupo de ellos decidieron exponer a AM las irregularidades que detectaron en esa labor, que incluyen malos tratos y retraso en pagos.

Roberto Rangel, uno de los denunciantes, explicó que “andábamos de coordinadores territoriales, nos dedicábamos a andar buscando a simpatizantes, de convencer a las personas de que se unieran a las filas de Morena”.

Confirmó que la estructura leonesa de Morena participó en la elección en Aguascalientes, sin embargo hubo jornadas sin horarios y asignación discrecional de actividades, lo que generó descontento entre algunos de los operadores.

A partir de estas situación hubo algunos despidos, como el de Roberto, y tras el proceso interno de Morena en Guanajuato, se vino otra serie de despidos por irregularidades similares.

El pago a la quincena para estas personas era de tres mil 500 pesos, aunque los pagos se hacían con retrasos.

De hecho nosotros aparte teníamos que poner de nuestro dinero para sacar copias de las afiliaciones, de las INE. En estas elecciones internas nos dijeron que teníamos que poner mil pesos para acarrear personas, 500 para regalar despensa y para los camiones”, relató Marisol Paredes.

Los señalamientos directos fueron sobre Alejandro Márquez Alferez, quien funge como Enlace Distrital de Morena y trabaja bajo órdenes de la diputada Hades Aguilar y de Ricardo Gómez Escalante.

A través de un video en sus redes, Gomez Escalantes refirió a algunas de las cuestiones señaladas por los ahora ex trabajadores de Morena, “nosotros no acarreamos y no generamos ninguna coacción o compra del voto, eso es totalmente erróneo”.

Algunos de los inconformes ya iniciaron procedimientos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero otros aún analizan qué acciones legales tomarán.

DSS

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