Guanajuato.-Los representantes de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado y del Ingudis no estuvieron de acuerdo con la propuesta de los diputados locales de Morena, en la cual se incluía en la Constitución el derecho de las personas con discapacidad permanente a recibir un apoyo económico, hasta los 64 años.
Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación, Juan Ernesto Martínez, coordinador de asuntos jurídicos y asesoría legal del Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad (Ingudis), dijo que el apoyo propuesto sería de 50 pesos al mes, lo que no alcanza para mantenerse. Además de que no podrían ir por él o ni siquiera se enterarían que existe.
En el Ingudis todos los días vemos personas sin miembros superiores e inferiores que pueden trabajar igual que las personas convencionales”.
Afirmó que la mayoría de los discapacitados pueden trabajar sin ningún problema, solo necesitan la oportunidad para tener un empleo. Por lo que exhortó a los diputados a legislar para hacer obligatorio en las empresas que se contrate a por lo menos una persona discapacitada o que tengan incentivos fiscales si los contratan.
Carlos Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, precisó que existen ya programas presupuestarios que atienden a personas con discapacidad, que la propuesta sí contiene disposiciones de impacto presupuestal, que no considera buenas prácticas de programación y que actualmente se cuenta con acciones de carácter transversal a nivel estatal para atender a ese sector.
Agregó que la iniciativa compromete las finanzas del estado a mediano y largo plazo, no favorece la optimización de los recursos públicos.
Francisco Escamilla, asesor de Morena, destacó que sí hay dinero en el Gobierno del Estado para financiar esta propuesta, pues afirmó que tanto en 2021 como en este año, ha habido más de cinco mil millones de pesos de ingresos adicionales a los proyectados cada año.
Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de Derechos Humanos, dijo que se tendría que realizar una consulta estrecha a las personas de ese grupo.
La diputada Cristina Márquez afirmó que ese derecho no se deja de cumplir actualmente, que el Congreso de la Unión ha sido omiso en establecer la Ley General en la materia, que se debían cuestionar si un apoyo económico directo permanente vitalicio es lo que necesitan las personas, que es preferible una política pública.
En ese sentido, refirió que Guanajuato tiene un instituto rector para la atención de las personas con discapacidad, el Ingudis, que se tienen que ir perfilando las acciones que se requieren en el Estado para que ese sector pueda salir adelante; que debían ser subsidiarios, pero no asistencialistas, y buscar mejorar su calidad de vida, a través de un mejor sector salud, educativo y fortalecer al propio Ingudis.
DSS