Guanajuato, Guanajuato.- La diputada local priísta Yulma Rocha Aguilar denunció que su coordinador parlamentario Alejandro Arias Ávila le informó que le retirarán los apoyos económicos y legislativos a los que tiene derecho como legisladora, como sanción por votar en contra de la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, “argumentando una línea partidista que incumplí”.
En entrevista con AM, precisó que el monto de esta partida es de 65 mil 142 pesos al mes, pero a ella Alejandro Arias solo le entrega 25 mil mensuales. Aunque no le precisaron si será de manera definitiva o temporal.
La votación a la que alude se dio el jueves 3 de noviembre en el pleno del Congreso y la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028 sí fue votada a favor por los otros tres diputados locales del PRI.
La mayoría panista, Yulma Rocha y Dessire Angel, de Movimiento Ciudadano, para dar un total de 22 sufragios, votaron en contra, posición que prevaleció. 13 diputados de Morena, PVEM y PRI votaron a favor.
En su cuenta de Twitter esta mañana, Rocha Aguilar anunció que como consecuencia, “estaré emprendiendo las acciones necesarias al interior del Congreso y ante las instancias que corresponda, para que se me respete mi autonomía como diputada y mi capacidad para tomar decisiones”.
Pero AM le preguntó cuál será el recurso que utilizará y si será una denuncia por violencia política de género, pero prefirió no anunciarlo todavía.
Castigarme por ejercer mi derecho y defender mis principios es un acto arbitrario y legal que busca limitar y menoscabar el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo de diputada.
“Utilizar los recursos públicos como instrumento de coacción, represión o amenaza política para restringir derechos es un acto perverso e ilegal y es un indicador de descomposición institucional y política”, afirmó la diputada priísta en su cuenta.
Explicó que su decisión de votar en contra de la militarización del ejercicio de la seguridad pública fue un ejercicio de autonomía como diputada, pero también como convicción, por responsabilidad y en congruencia con el programa de acción del PRI que indica un retroceso el hecho de que la seguridad pública se encargue al Ejército.
Agregó que la inviolabilidad parlamentaria se reconoce en los tratados internacionales y en la Constitución como una institución que protege los votos y las opiniones de los diputados de cualquier responsabilidad política ante los intentos de censurar, reprender o castigar lo que han dicho o hecho en el ejercicio de la función parlamentaria.
LALC