Guanajuato.- El Pleno del Congreso aprobó las 46 leyes de ingresos municipales para 2023, que entrarán en vigor el 1 de enero y contemplan todos los cobros por servicios y documentos prestados por los municipios.
El diputado Víctor Zanella Huerta indicó que los dictámenes presentados tienen cambios importantes, como ejemplo la modificación de tasas fijas de impuesto predial a tasas progresivas.
También comentó que las tarifas con indexación son una medida que busca que paguen los que más consumen y se administre de manera responsable el agua; además de establecer las dotaciones del agua a todas las escuelas para hacer conciencia de una cultura del ahorro del agua.
La diputada Desiree Ángel Rocha observó que algunos municipios han realizado ejercicios de presupuestación alejados de la realidad, en donde muestran una subestimación de sus ingresos y en otros casos una sobreestimación de ingresos que pretenden obtener.
Todos los dictámenes fueron aprobados por unanimidad en lo general. Al ser sometidos a votación en lo particular, las diputadas Alma Alcaraz Hernández, Irma Leticia González Sánchez y Martha Edith Moreno Valencia presentaron diversas reservas.
La diputada Alma Alcaraz Hernández reservó el artículo relativo al servicio de agua potable de 24 municipios para que se ajustara a un incremento únicamente del 5%, tomando como referencia el cobro anual de la tarifa, pues señaló que hay incrementos mayores, desde 9% hasta 13%, lo que consideró un exceso.
La diputada Angélica Casillas Martínez calificó como responsables a los organismos operadores de agua que proponen una actualización de sus costos que son acorde a las disposiciones de Conagua.
Aunado a ello, refirió que todas las leyes de ingresos respetaron las disposiciones legales establecida en ley federal que instruye a tener tarifas que deberán ser suficientes para cubrir los costos de la operación, el mantenimiento y administración de los servicios públicos, junto con la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura pública existente, ejemplo de ello es que 39 municipios incluyeran en sus leyes de ingresos propuestas de indexación.
En respuesta, Alma Alcaraz Hernández precisó que necesitan que los municipios entreguen los anexos técnicos para saber por qué hay aumentos de más del 5% indiquen en qué se va a gastar y ejercer el dinero.
Puntualizó que dichos documentos respaldarían con claridad el aumento y, al no contar con ellos, no existe claridad ni justificación del ejercicio del dinero, por lo que mencionó que si se hubiera respetado algún criterio en la indexación no habría disparidad en los municipios.
Las reservas no fueron aprobadas
Por su parte, la diputada Irma Leticia González Sánchez presentó dos reservas. La primera, relativa a los descuentos en la tarifa de agua potable a las personas con discapacidad.
En ese sentido, refirió que 22 de los 46 municipios contemplan algún tipo de descuento para ese sector pero que faltan 24 municipios en considerarlo, y subrayó que la reserva no vulnera la autonomía municipal ni la libre administración hacendaria.
Por lo que propuso establecer que las personas con discapacidad gozaran de un descuento del 50% en los cobros del servicio de agua potable.
Y también propuso que el beneficio que se otorgue a las personas jubiladas, pensionadas, adultas mayores y con alguna discapacidad, se eleve al 50% en todos los municipios. Pero no fueron aprobadas.
DSS