Guanajuato, Guanajuato.- La “bancada feminista” presentó una iniciativa para incluir en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado la prohibición de que un hombre con sentencia judicial de deudor alimentario no pueda ser candidato a un cargo de elección popular.
“Tenemos violentadores de mujeres en partidos políticos y en la política. (…) Necesitamos que ningún agresor llegue al poder, a los espacios de decisión. Además de que tenga la capacidad y la experiencia”, sostuvo la diputada Yulma Rocha Aguilar, del PRI.
La propuesta fue presentada por ella ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado esta mañana, quien explicó que el requisito será que sea declarado deudor alimentario por sentencia judicial y no solo estar inscrito en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, porque ahí solo hay seis, cuando hay mil denuncias por esa razón. Por lo cual dijo que algo raro está pasando.
Refirió que Guanajuato ocupa el octavo lugar en llamadas de agresiones contra mujeres.
‘Tenemos violentadores de mujeres en partidos’: Yulma Rocha
Además, destacó que hay muchos funcionarios públicos violentadores, sobre todo en los partidos políticos, contra las mujeres, pues refirió la investigación de la académica de la Universidad de Guanajuato, Vanessa Góngora, de varios tipos de agresiones que sufren las mujeres en esas instituciones, sobre todo, darles menos dinero para sus funciones o campañas.
Citó a otra investigadora que documentó que durante el proceso electoral de 2021 seis candidatas sufrieron violencia, una de las formas fue que les achacaron ofrecer favores sexuales.
Rocha Aguilar mencionó que en el último año aumentaron las denuncias por violencia sexual, pues en 2021 se presentaron dos mil 479 y en 2022 se incrementaron en 16 %, pero no precisó la cifra absoluta.
“¿Entonces, verdad que necesitamos la 3 de 3?”, afirmó.
Recordó que hace un año, la misma bancada feminista presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para incluir la declaración 3 de 3, para prohibir a los hombres que hayan cometido violencia intrafamiliar, violencia política de género o sean deudores alimentarios, que sean candidatos a algún cargo de elección popular.
Rocha Aguilar explicó que la entrega ahora de una segunda iniciativa en el mismo sentido, pero en la Ley Electoral, es por los tiempos, en virtud de que estamos a unos meses de iniciar el proceso electoral, en septiembre.
Y una reforma constitucional tiene que pasar por la aprobación de por lo menos la mayoría de los 46 municipios del estado. “Y no vemos que salga”, reclamó.
LALC