Guanajuato, Guanajuato.- El delito de “halconeo” nunca fue dirigido para atentar contra la labor de los periodistas ni contra la libertad de expresión, aclaró la diputada Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso.
Aclaró que iba dirigido a los funcionarios, que pasaran información confidencial a los delincuentes. Por ejemplo, un comandante de las FSPE que avisara a un grupo del crimen organizado el día, hora y lugar de un operativo para catear sus propiedades.
Esto, sobre el delito de “halconeo”, aprobado por el Congreso del Estado en agosto de 2019, que el lunes fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que viola la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Pleno de la Corte resolvió el lunes invalidar los artículos 222-a y 222-b de dicho código, como resultado del análisis de las impugnaciones que presentara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el primer artículo se preveía sancionar al servidor público que proporcionara información que conociera con motivo de sus funciones, para que se cometiera cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas.
Por lo que se refiere al segundo, se sancionaba a quien realizara cualquier acto tendente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones encargadas de las funciones señaladas, para que se cometiera cualquier hecho delictuoso.
Cristina Márquez era también presidenta de la Comisión de Justicia la Legislatura pasada, cuando se aprobó la creación de este delito de “halconeo”.
Entrevistada hoy por AM al respecto sobre si estuvo mal hecho este delito, recordó que cuando se discutió en el Congreso se cuidó muy bien su confección.
Incluso participó en su análisis la Fiscalía del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, la Coordinación General Jurídica “cuidamos mucho el no incurrir en los mismos defectos que se habían considerado en Michoacán y Chiapas.
“Nosotros lo tomamos en cuenta para hacer la iniciativa, fue una iniciativa de Acción Nacional, y ya en la mesa se va mejorando, perfeccionando, cuidando que no cayéramos en esos defectos”.
Destacó que “de ninguna manera” el delito tenía como fin limitar la libertad de expresión. Recordó que iba dirigido a quien tuviera información privilegiada.
Márquez Alcalá desconoce si los artículos quedan invalidados automáticamente o tiene que haber una reforma el Código Penal en el Estado pues no ha recibido la notificación y tiene que conocerla para conocer sus alcances.
Sí sabe que hay carpetas de investigación por este delito y que sí hay sentenciados, pero desconoce cuántos son y más detalles.
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LGMD