Guanajuato – Los diputados del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, para considerar como delitos contra los servicios de emergencia, a quien dolosamente realice una llamada de broma o falsa al 911.
Esta conducta sería castigada con prisión de dos meses, hasta dos años y la suspensión del servicio telefónico por orden de un juez.
La propuesta, presentada por el diputado Gerardo Fernández González, consiste en agregar un capítulo completo denominado «Uso indebido de los servicios de emergencia».
La iniciativa establece:
“Al que dolosamente, a través de teléfono fijo o celular realice una llamada dando aviso de una emergencia falsa, con el fin de provocar la movilización de cuerpos policiales, de bomberos, de la Cruz Roja Mexicana, de urgencias médicas o de Protección Civil, para atenderla, se le impondrá prisión de dos meses a dos años y de 50 a 100 días de multa”.
Las mismas penas se aplicarán al que permita utilizar su teléfono, a sabiendas de que se hará una llamada para dar un aviso de emergencia falsa, con los fines previstos en el párrafo anterior.
Este delito se perseguirá a petición del representante legal de cualquiera de las instituciones cuya movilización se pretenda realizar o se haya realizado, como consecuencia del aviso de emergencia.
El juez o el tribunal podrá ordenar la suspensión del servicio telefónico por un término de hasta 30 días en los casos en los que la llamada provenga de una línea móvil o de una línea fija cuando su titular sea una persona física.
También podrían suspender el servicio telefónico hasta por dos años
Cuando la llamada provenga de una línea fija y su titular sea una entidad, institución o empresa, pública o privada, el juez o el tribunal resolverá respecto de la suspensión del servicio. En caso de reincidencia, el juez o el tribunal podrá ordenar la suspensión del servicio telefónico hasta por dos años.
El juez o el tribunal podrá ordenar a la compañía telefónica transmitir una grabación que indique que la suspensión del servicio se debe a “falsas llamadas a los servicios de emergencias.”
La pena podría aumentar en una mitad cuando por consecuencia de las llamadas de broma, en la movilización de las unidades de los servicios de emergencias, se provoquen daños o pérdidas materiales de cualquier índole a las propias unidades institucionales o de particulares. Y en caso de reincidencia.
Finalmente, subrayó que la iniciativa busca sancionar a quien ponga en riesgo la vida, seguridad e integridad de los ciudadanos que verdaderamente afronten una emergencia, al movilizar de manera engañosa los servicios de emergencia.
Una llamada de emergencia, pero de broma pone en riesgo la vida
Al exponer los motivos de la propuesta, el diputado Gerardo Fernández González precisó que cuando una persona hace una llamada de broma o un reporte de hechos falsos, no solo se desperdician importantes recursos públicos, sino que se pone en riesgo la vida de otras personas que verdaderamente enfrentan una emergencia en la que se encuentran en peligro su vida o su patrimonio.
Apuntó que las bromas y las llamadas falsas son un gran obstáculo para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias.
En el estado de Guanajuato, se recibieron un total de 2 millones 294 mil 148 llamadas a grupos de emergencias, donde aproximadamente solo 683 mil 656 fueron emergencias, es decir, el 29.8%, por lo que es preocupante que los medios diseñados para salvar vidas sean utilizados de manera indebida.