Guanajuato – El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, calificó de una acción desesperada para justificar el fracaso de la política de salud del Gobierno federal, el eliminar el Insabi para centralizar atribuciones en IMSS Bienestar.
“No hay un cambio que beneficie a la población sin seguridad social; no se resuelve el problema de falta de atención médica, no hay más recursos para inversión en nuevas unidades médicas y hospitales, no hay claridad en el nivel de atención de alta especialidad, no se atiende la falta de medicamentos.
“Esta nueva reforma de Morena solo busca un cambio de roles, para que el control político, burocrático y presupuestal pase de Juan Ferrer director del Insabi, a Zoé Robledo del IMSS”, sostuvo en un comunicado el legislador federal panista leonés.
Este martes se aprobó la reforma a la Ley General de Salud para regular el Sistema de Salud para el Bienestar, propuesta por el presidente de la Comisión de Salud, el también diputado federal guanajuatense por Morena, Emmanuel Reyes Carmona.
“Otro desastre sin reflexión”
Ramírez Barba lamentó que se dispensó el trámite parlamentario para analizar la iniciativa y se votó “otro desastre sin reflexión”.
Persiste, dijo, la incertidumbre desde la desaparición del Seguro Popular en 2019.
¿Cuáles son las consecuencias tras la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud?
Lo más grave es que no hay garantía de atención para la población sin seguridad social: No puntualizan quien dará tercer nivel de atención a los pacientes, es decir, las enfermedades de alto costo que requieren financiamiento del Fonsabi.
La eliminación de las funciones del Insabi sin el proceso legal de liquidación y extinción del organismo, generará opacidad en el manejo de recursos públicos, incertidumbre laboral para el personal adscrito a la institución y dudas operativas.
El nuevo organismo no contribuye a crear un sistema público de salud unificado; por el contrario, generará mayor fragmentación y complejidad en la operación del sistema de salud para la población sin seguridad social.
Grave atentado contra la soberanía de los estados, ya que continúa eliminando las atribuciones de las autoridades locales y centralizando el sistema de salud.
Elimina los criterios para definir las enfermedades que causan gastos catastróficos, por lo que quedará a capricho del Gobierno la definición. No hay garantía de atención a enfermos de cáncer, infartos, cuidados intensivos neonatales o trasplantes.
Se omiten colaboraciones del sector privado y social, por ejemplo con organizaciones civiles como Fucam.
PCCD