Guanajuato, Guanajuato.- Representantes de PAN, Morena, PRD y PVEM ante órganos electorales o de sus dirigencias estatales están de acuerdo en que se reforme la Constitución del Estado para prohibir que puedan ser candidatos los hombres que han cometido violencia política de género, violencia familiar o que son deudores alimentarios.
El PRI, aunque expresó que está de acuerdo, puso muchos peros y pidió esperar a que se homologue la reforma federal a la local. Además de que consideró que de aprobarse, se suspenderían los derechos de estos violentadores.
Esto se expresó en la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación del Congreso, durante el análisis de la iniciativa de la “bancada feminista” de incluir la declaración 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer.
Carolina Contreras, del PRD, dijo: “No hay razón para manifestarnos en sentido contrario. Esta iniciativa no tiene desperdicio. Se pone el dedo sobre la llaga y el derecho humano a vivir una vida libre de violencia.
“Tiene que haber garantías legislativas para verificar a quiénes lanzan los partidos. Todos los partidos, en aras de ganar votos y una elección, descuidamos a quién postulamos”.

José Belmonte, representante del PRD ante el IEEG, afirmó que no es suficiente que el IEEG y el INE emitan lineamientos en este sentido.
“En los partidos políticos hay violencia, en el Congreso hay violencia, en las casas hay violencia. No hay que seguir tolerando ser oscuridad de su casa y candil de la calle. Aplaudimos que se esté legislando con un gran tema”.
Claudia Estrada de la Cruz, representante de Morena ante el IEEG y el INE, dijo que en su partido no se buscan privilegios, que los derechos de elegibilidad no son superiores a los de libertad e igualdad y que los derechos humanos no deben estar a consideración de nadie.
Norma Zúñiga, representante del PVEM, externó que en ese partido está a favor de la iniciativa y consideró que deben actualizarse las leyes a favor de las mujeres. “Nosotros creemos que debe estar en la Constitución”, expresó.
Raúl Luna Gallegos, representante del PAN ante el IEEG, recomendó que en el proceso electoral pasado algunos actores políticos se evadieron y no tuvieron ninguna sanción. Y que las sanciones administrativas que se imponen actualmente no llevan a una consecuencia mayor.

Emmanuel Jaime Barrientos, representante del PAN ante el INE, planteó que no solo deberían perder las candidaturas quienes sean sentenciados por las violencias mencionadas, sino quienes sean producto de un proceso especial sancionador y quienes estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios.
“Es importante que quienes hayan cometido violencia contra las mujeres, deberían tener altas consecuencias”, demandó.
Pero el PRI se opone
Ángel Araujo Betanzos, Director de Asuntos Jurídicos del Comité Directivo Estatal del PRI, señaló que esta iniciativa se convierte en una suspensión de derechos.
Comentó que su partido está por no limitar la participación de la mujer y que ya lo incluyeron en su normatividad interna.
Pero no obstante que consideró una iniciativa muy adecuada, muy completa, propuso esperar a que llegue al estado la reforma para homologarla en Guanajuato. Para esto se dieron 180 días, refirió.
“Estos requisitos ¿no van en la vulneración de un derecho?”. Pidió que se analice en la comisión si no choca la propuesta con otro derecho, ya no desde el enfoque de la protección a la mujer, sino de cómo reinsertar a quien perdió sus derechos políticos.
Movimiento Ciudadano no mandó a ningún representante.
LALC