León, Guanajuato.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) debería estar obligada a investigar el presunto conflicto de intereses en que incurrió el general Luis Crescencio Sandoval al comprar un departamento de lujo a un proveedor de la Sedena, consideró el periodista Raúl Olmos.
Raúl Olmos es uno de los dos periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) autores del reportaje “El departamento de lujo del general Luis Crescencio Sandoval”.
El lunes 15 de mayo MCCI publicó este reportaje en el que detalla la compra que hizo el titular de la Sedena de un departamento en Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, una zona de alta plusvalía.
Yo creo que aquí hay tantos elementos que la SFP está obligada a abrir por lo menos una indagatoria de un posible conflicto de interés.”
En la compra de este departamento el secretario invirtió nueve millones de pesos. La propiedad le fue vendida por Alejandra Aguilar Solórzano, quien pertenece a una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la cual se le otorgó un contrato por 319 millones de pesos.
“Yo creo que aquí hay tantos elementos que la SFP está obligada a abrir por lo menos una indagatoria de un posible conflicto de interés porque aquí está involucrada una negociación de un altísimo funcionario, el Secretario de la Defensa, a quien en este sexenio se le ha dado un poder inusitado, un poder por encima de cualquier secretario.
“Negociando con un proveedor del Gobierno para un beneficio personal que es la compra de un inmueble, tendría que ser obligatorio que la SFP iniciara una investigación para determinar este posible conflicto de interés u otra conducta más grave, que podría ser tráfico de influencias”, afirmó Raúl Olmos.
La investigación de MCCI
Contó que la investigación inició cuando el equipo de MCCI detectó que en la declaración patrimonial que hizo el Secretario no venían incluidos los detalles de sus propiedades, eso despertó la duda sobre si ocultaba algo.
Señaló que esta revisión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios es un ejercicio periodístico que han hecho respecto a varios funcionarios públicos.
“Lo que hicimos es que con fuentes directas conseguimos la declaración patrimonial original, la no censurada, la que presenta a la SFP y a partir de que la obtuvimos empezamos a hacer un análisis de las propiedades y nos llamó la atención esa que había adquirido en 2020.
“Venía una propiedad en Bosque Real que es una de las zonas de más plusvalía en el Estado de México y en la zona norponiente de la Ciudad de México, y pues no cualquiera vive allí, es una zona muy elitista, muy exclusiva”, comentó
“Nos llamó la atención sobre todo el precio porque ahí declara un valor de nueve millones de pesos y un departamento de nueve millones de pesos en la Ciudad de México sí es accesible, es entendible que alguien lo adquiera, pero no en esa zona, en esa zona es imposible adquirir un departamento de ese precio”, afirmó el periodista.
Señaló que el siguiente paso fue cotejar los datos de la vendedora a través de una base de datos propia de sociedades mercantiles que tienen en MCCI, el resultado fue que esa persona apareció como socia de una empresa proveedora de la Sedena y como apoderada legal.
Luego consiguieron la escritura del departamento que la proveedora de la Sedena le había vendido al general y se confirmó que se trataba de la misma persona.
El paso siguiente fue investigar la propiedad y su valor, y tras consultar a agentes de bienes raíces y tras verificar precios de inmuebles idénticos, incluso en el mismo fraccionamiento, pudieron corroborar que el valor real de los departamentos era de entre 21 y 30 millones de pesos y no nueve millones, como reportó el general.
Raúl Olmos también adelantó que actualmente investigan a mayor profundidad a esta empresa proveedora de la Sedena, pues aunque recibió contratos por 319 millones de pesos al parecer es una intermediaria.
“Lo que nos llamó la atención fue lo irregular de ese contrato, porque hubo indicios de que hubo una licitación arreglada, amañada, donde participaban empresas hermanas o afines y que además no tenía la capacidad para proveer en concreto ese tipo de artículos, esa es otra derivación que estamos tratando de seguir porque al parecer es una empresa intermediaria de otra”, dijo.
tendría que pasar 20 años dedicándole su sueldo íntegro para poder pagar un departamento de esas características.”
Otro dato relevante que arrojó la investigación periodística fue que Banjército, institución que el general Sandoval afirma le otorgó un crédito para adquirir ese departamento, no da créditos de ese monto, lo máximo que autoriza para créditos hipotecarios son nueve millones de pesos.
“Todo eso sumado es una serie de patrones irregulares que muestran favoritismo, posible tráfico de influencias, conflicto de interés, una serie de irregularidades o de anomalías en torno a la compra del departamento.
“Y si a eso le añadimos que su ingreso no corresponde al valor de la propiedad, hicimos una estimación, tendría que pasar 20 años dedicándole su sueldo íntegro para poder pagar un departamento de esas características”, apuntó.
Consideró que este tipo de investigaciones, cada caso de corrupción denunciado por periodistas debería servir para que el presidente Andrés Manuel López Obrador ponga en práctica su compromiso de combate a la corrupción.
“Yo creo que está obligada la autoridad si es que realmente como ha dicho reiteradamente el presidente López Obrador hay un compromiso de combate a la corrupción trátese de quien se trate.
“Aquí vemos que hay conductas muy bien determinadas que obligarían a la autoridad a iniciar una investigación, yo creo que aquí tiene que pesar mucho la presión social y la presión del propio Congreso para que esto se haga, ojalá así sea”, concluyó.
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CA