En el reporte que suma la evaluación de cinco instituciones estatales Guanajuato logra el segundo lugar nacional, solo detrás de CDMX

León, Guanajuato.- De entre todas las fiscalías del país, la del estado de Guanajuato se ubica en los últimos lugares en cuanto a su índice de transparencia.

Así lo reveló el análisis ‘Métrica de Justicia Abierta’, elaborado por World Justice Project, en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (Iirccc) de la Universidad de Guadalajara.

Bajo el concepto de justicia abierta, este estudio evalúa los conceptos de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, de diversas instancias que conforman el ecosistema de justicia; todas ellas de los 32 estados de la República.

Segundo en Justicia Abierta

En lo que refiere al estado de Guanajuato, se analizó el desempeño de la: Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Electoral, Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa.

En lo general Guanajuato fue una de las entidades con mayor puntaje en la métrica justicia abierta (a la par de Ciudad de México), sin embargo llama la atención el caso particular de su Fiscalía General del Estado.

Y es que, tomando en cuenta la calificación obtenida en el tema de transparencia, la instancia se ubica en el lugar número 22 a nivel nacional.

En cuanto al indicador de participación ocupa el lugar número 10, y en colaboración se observa su puntaje más bajo, el cual es de cero.

La calificación promedio nacional de la Fiscalía General del Estado es de 0.49, lo que la ubica en el lugar número 17 nacional.

La Métrica de Justicia Abierta se concentra en medir la apertura institucional a través de cuatro dimensiones: la transparencia, esto es, si las personas podemos conocer el funcionamiento de las instituciones de justicia; la participación de la ciudadanía con estas; la colaboración, centrada en la retroalimentación e incidencia de la ciudadanía en las decisiones públicas; y en la rendición de cuentas, incluyendo los distintos mecanismos para prevenir y denunciar las arbitrariedades y los posibles actos de corrupción.

Se busca que el estudio sirva como base para construir vínculos de confianza entre la ciudadanía y las instituciones para democratizar el acceso de todos y todas a la justicia. 

AM

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