Guanajuato capital.- Los representantes del Partido Verde Ecologista de México han introducido una iniciativa con el objetivo de categorizar el hostigamiento y acoso sexual perpetrado por servidores públicos como faltas administrativas graves.
Martha Ortega Roque, quien lidera esta propuesta, declaró que la intención es que se pueda establecer una métrica específica para la inhabilitación en casos de hostigamiento y acoso sexual. Esta métrica sería distinta al genérico que dicta que, en ausencia de daño, beneficio o lucro, la inhabilitación será de tres meses a un año.
Es crucial, dijo, que se incluya también la posición jerárquica dentro de los factores a considerar al imponer sanciones, para determinar si se abusó de esta para hostigar o acosar sexualmente.
La protección a las personas denunciantes es inadecuada
De acuerdo con la Diputada, en Guanajuato, la protección otorgada a las personas que denuncian es deficiente. Por lo tanto, es necesario que las medidas cautelares solicitadas tengan un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Estos actos son una preocupación significativa, especialmente cuando son cometidos por superiores jerárquicos o compañeros de trabajo, quienes deberían proteger el bienestar y los derechos de las víctimas, abundó la Legisladora.
Abusos de poder y la impunidad en las administraciones públicas
Hay casos notables en nuestro estado donde se han exhibido los abusos de poder y la impunidad dentro de las administraciones públicas municipales y estatales, en particular en las corporaciones de seguridad pública, señaló Ortega Roque.
Esta iniciativa busca que el acceso a la justicia sea viable a través de dos vías legales: paralelamente a la posibilidad de denunciar conforme a la legislación penal y conseguir una pena, también contar con un procedimiento administrativo si se trata de un acoso sexual cometido por servidores públicos.
La iniciativa es una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
HEP