León, Guanajuato.- Entre enero y julio del 2023, Guanajuato ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en número de carpetas de investigación por violación simple y el quinto lugar en violencia familiar, con 519 y 8,817, respectivamente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La abogada Ángeles Márquez afirmó que estos delitos se encuentran en las disposiciones normativas, pero que “carecen de una instrumentación debida” al investigarlos. En el caso de la violación, la tendencia sería que las denuncias sean grabadas directamente de las víctimas, “lo que daría mucha luz en el esclarecimiento de los hechos, en lugar de la subjetividad de quien está escuchando y la violencia institucional que padecemos las mujeres”.
Ángeles Márquez también señaló la falta de cámaras de Gesell, es decir, de salas acondicionadas con vidrios unilaterales que permiten la observación de personas y que brindan privacidad a personas denunciantes de delitos de carácter sexual o a niños, niñas y adolescentes.
“Tendría que haber al menos una en cada fiscalía, imagínate cuántas denuncias hay al día, esto va de la mano con la conformación de un equipo multidisciplinario que también establece el Código Penal de Procedimientos Penales, que debería estar presente en toda denuncia por alguna conducta sexual”.
Este equipo -doctoras, perito psicóloga, ministerio público- “tendría que estar detrás de la cámara de Gesell escuchando el relato y así evitar la revictimización -de repetir el testimonio- en cada etapa” y solo profundizar en aquellas cosas particulares que cada una de ellas necesita saber.
Respecto al incremento de las denuncias por violencia familiar en Guanajuato, la abogada dijo que debe visualizarse como algo positivo, ya que se traduce en que hay más mujeres que se atreven a denunciar lo malo que surge al interior de sus hogares.
“Ahora falta ver en qué culminan estas denuncias, si culminan en un archivo, en una etapa ministerial, o en una suspensión condicional del proceso una vez que los perpetradores han sido vinculados a proceso. ¿Dónde están las víctimas? ¿Se cansan de la burocracia y la institucionalización y regresan al círculo de violencia?”
Ángeles Márquez dijo que por eso la reciente decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la prohibición del aborto es muy interesante, pues abarca un estudio interseccional para verificar estas cuestiones de discriminación y de violación a la igualdad de género.
“No se trata solo de verificar la desigualdad en las mujeres, sino de hacer esta intersección de cómo afecta a los diferentes grupos vulnerables que conformamos las mujeres indígenas, las mujeres no binarias, las mujeres en situación de pobreza extrema, pero también, como lo remarca esta sentencia, las mujeres o personas gestantes o con capacidad de gestar.”
La especialista señaló que el dictamen elimina el temor que el personal federal de salud pudiera haber tenido de colaborar para un aborto consentido, por ser susceptibles a penas de prisión, pero que ahora podrán proveer el servicio de manera segura y digna.
Esta sentencia debería promover que las mujeres no somos un objeto de reproducción sexual y con ello se nos descosifica, además de concientizar sobre que hay otros medios menos lesivos, dignificantes y que no discriminan a la mujer por su condición de gestar”, concluyó.
LALC