Guanajuato, Guanajuato.- Los ingresos por cuotas y aportaciones de los empleados del Gobierno del Estado afilados al Isseg fueron superados por los gastos derivados del pago de pensiones, pagos únicos y gastos de administración a partir de 2021.
Esto se debe al envejecimiento poblacional, que ha generado una presión demográfica sobre el Isseg. En el periodo 2020-2022 el número de asegurados activos se incrementó 69 %, mientras que el número de pensionados se incrementó en 497 %.
Como resultado de esta situación, la relación entre el número de activos por cada pensionado disminuyó de 11.3 en 2000 a 3.2 en 2022, y se proyecta que disminuirá a 2.1 en 2040.
Esto generó un diferencial negativo en la relación cuota-aportación, que deberá cubrirse con los rendimientos que genera el fondo de pensiones, y una vez agotados, con los recursos del propio fondo.
Si no se mantiene un rendimiento anual de 4 % en el fondo de pensiones, no alcanzará a tener dinero para pagar las pensiones hasta 2082.
En el escenario de un rendimiento real de 3 % la viabilidad actuarial se proyecta al 2055. Y en el escenario de un rendimiento de 2 % real anual, la viabilidad se proyecta al 2048.
Por lo anterior, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presentó una iniciativa ante el Congreso local para reformar la Ley de Seguridad Social del Estado, con el fin de tomar medidas para que no se descapitalice el fondo de pensiones.
Las medidas
Para poder mantener un rendimiento anual de 4 % en el fondo de pensiones del Isseg, las propuestas de reforma incluyen cambios en las prestaciones a los derechohabientes, como:
Aumento del monto de los préstamos personales de 16 a 18 meses del sueldo base de cotización del asegurado. Y hasta 18 meses de la pensión en caso de los pensionados.
Aumento del plazo máximo de pago de los asegurados que tengan menos de 10 años de cotización, de 36 a 48 quincenas. Y de 76 a 92 quincenas para quienes tengan más de 10 años de cotización y para los pensionados.
Posibilidad de que el Consejo Directivo del Isseg otorgue un plazo adicional al original establecido en el contrato a los derechohabientes que hayan sido dados de baja o que tengan causas graves.
La iniciativa aún debe ser aprobada por el Congreso del Estado.
AM