Guanajuato, Guanajuato.- En el Congreso local hubo posicionamientos del PAN y Morena por la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos por 15 mil millones de pesos al Poder Judicial Federal, aprobada por diputados de Morena en la Cámara de Diputados. 

La diputada Cristina Márquez Alcalá, del PAN, afirmó que la Cámara de Diputados ha puesto en riesgo la operación de juzgados y por ende la impartición de justicia de todos los mexicanos. 

“Queda claro que la intención del Poder Ejecutivo federal es debilitar al Poder Judicial de la Federación porque este no se ha doblegado a sus caprichos y no han emitido ninguna resolución apegada a los mismos.

“Es una venganza política que afecta a más de 50 mil trabajadores, y con ello el acceso a la justicia de millones de mexicanos”, sostuvo.

Son dos acciones que buscan limitar la suficiencia presupuestaria y que representa una tercera parte del presupuesto del Poder Judicial. Y además lo obligaría a negociar cada año el presupuesto para impartir justicia. 

La diputada Cristina Márquez Alcalá se declaró en contra de la iniciativa. Foto: Cortesía.

También afectaría la construcción de nuevos juzgados y la contratación de más personal. “Recortar es atar de manos al Poder Judicial de la Federación. El Presidente y sus seguidores no creen en la democracia, en el derecho a disentir”, reclamó. 

La también presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local señaló que no se trata solo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de 58 mil trabajadores, entre los que hay personal administrativo, de intendencia y los que cuidan las instalaciones y ellos no tienen sueldos millonarios, como ha hecho creer el Presidente de la República.

Agregó que la impartición de justicia está sujeta a plazos que deben cumplirse y eso queda en la responsabilidad de sus trabajadores.  Y que el Poder Judicial resuelve sobre la propiedad de las personas, su familia, un salario digno. 

Mencionó que millón y medio de amparos se tramitan cada año en el Poder Judicial de la Federación. 

Se respetarán derechos de los trabajadores: Prieto

El diputado Ernesto Prieto Gallardo, de Morena, dijo que el fin de eliminar los fideicomisos es acabar con los privilegios de los que gozan los altos mandos del Poder Judicial. “Esta es una decisión que no afecta a los trabajadores del Poder Judicial, eso es falso”, sostuvo.

Destacó que esta reforma que pretende extinguir los fideicomisos señala explícitamente que si existe alguna obligación derivada de acuerdos, convenios o contratos colectivos que hayan generado derechos a los trabajadores, se van a cumplir en el proceso de extinción de los fideicomisos.

Dicen que hay seis fideicomisos que ponen en riesgo los derechos de los trabajadores, “están mintiendo”, sostuvo. 

“A los trabajadores del Poder Judicial pretenden engañarlos, diciéndoles que van a perder su contrato colectivo de trabajo y no es cierto. Amigos trabajadores del Poder Judicial: no se dejen engañar con el petate del muerto, no se van a ver afectados en sus derechos. No se dejen engañar por los magistrados. Amigos del Poder Judicial, no tienen absolutamente nada de qué preocuparse”, insistió en la tribuna del Congreso.  

Ernesto Prieto, diputado de Morena, señaló que la eliminación de los fideicomisos es necesaria. Foto: Cortesía.

Afirmó que los 15 mil 400 millones de pesos de los fideicomisos que serán eliminados, equivalen al presupuesto de León, Celaya e Irapuato juntos

Puso tres ejemplos de los privilegios de los que gozan los altos cargos: pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, con 4 mil 700 millones de pesos al año, que según dijo equivale a la mitad del presupuesto de León. 

Otras pensiones complementarias para mandos superiores, que tiene 831 millones de pesos, más del presupuesto de Salamanca. 

“Son adicionales, es decir, privilegios por encima de las prestaciones de ley. Es un privilegio y hay que preguntarnos ¿cuántos guanajuatenses tiene pensiones complementarias o cuántos tienen siquiera pensiones?”, destacó. 

Agregó que los fideicomisos que se busca eliminar eran destinados para el mantenimiento de casas de magistrados y jueces, que tiene un presupuesto de 76.5 millones de pesos. 

Comentó que el argumento es que no son de su propiedad, sino del Poder Judicial, y las utilizan cuando los cambian de adscripción. Pero consideró que no hay una sola razón para hacer esto.

CA

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