Como una forma de acatar las recomendaciones de la Conavim sobre la violencia feminicida y de desaparición de mujeres en Guanajuato, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso aprobó varias reformas a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, recordó que, a la fecha, en Guanajuato existen más de dos mil 600 personas desaparecidas y no localizadas.
Al mismo tiempo, somos uno de los estados con más fosas clandestinas halladas en el periodo que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de enero de 2023, con 154 sitios.
Enumeró que en el dictamen se plasman los siguientes puntos: incorporar el mandato de que los recursos asignados a la Comisión de Búsqueda no puedan ser menores a los del ejercicio fiscal anterior.
Así como la atribución de la Fiscalía General para que emita y actualice los lineamientos de restitución digna de cuerpos o restos identificados, y el reconocimiento del derecho de las víctimas a la dignidad póstuma.
Se incluyen un conjunto de atribuciones al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, como el deber de promover y observar que el personal que participe en acciones de búsqueda de personas, reciban la capacitación y certificación necesaria para realizar sus labores de manera eficaz y diligente.
Se incluyen atribuciones a la Comisión de Búsqueda, como la de integrar grupos de trabajo institucionales con participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil para analizar el fenómeno de la desaparición.
También se incluye el apoyar las acciones de los grupos independientes, cuando estos así lo soliciten, y contar con un número telefónico 24 horas así como cualquier otro medio de comunicación de acceso gratuito para proporcionar información.
Se incluyen atribuciones a los ayuntamientos, como la de ofrecer a los familiares la información sobre los diversos programas de ayuda y asistencia.
Se reconocen a los grupos independientes de búsqueda; se visibiliza la aplicación del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes.
Sin embargo, David Martínez destacó que también es necesario puntualizar que este dictamen deja de lado otras propuestas, las realizadas por los colectivos que impactaban en la fiscalía especializada.
“El problema es que esa decisión no obedeció a cuestiones técnicas o decididas de forma autónoma por este Congreso, sino a injerencias de la Fiscalía General del Estado quien, desde un principio en la discusión dada en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, fungió como legislador paralegal”.
Entre otras propuestas, señaló que se excluyó adicionar un párrafo al artículo 45 para ampliar la argumentación sobre la importancia de contar con la Unidad de Análisis de Contexto, desarrollando su objeto.
Al 25 de septiembre del presente año, dicha unidad de análisis de contexto no se encontraba en funcionamiento de acuerdo con información remitida por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado.
Por otro lado, también queda pendiente la atribución de la Fiscalía para brindar apoyo a los grupos independientes cuando estos así lo soliciten.
Esto es de gran relevancia, si consideramos que los colectivos de búsqueda han denunciado que no se les garantiza seguridad en los trabajos de búsqueda que realizan.
Además, no debe olvidarse que Guanajuato es la entidad más violenta en todo el país para personas buscadoras, con por lo menos seis asesinatos desde el año 2020. El último del que tenemos información ocurrió en mayo de este año en Celaya, en el que asesinaron a la madre buscadora Teresa Magueyal.
En la reforma se incluyeron las propuestas de siete iniciativas del PAN, Morena y PRI.