Guanajuato Capital.- La Comisión de Justicia del Congreso acordó reformar el Código Civil para que los ancianos también tengan derecho a recibir alimentos. Alimentos es un término jurídico que abarca: comida, casa, vestido y sustento.
Esto, a propuesta de los diputados de Morena David Martínez Mendizábal y Hades Aguilar Castillo, quienes también propusieron crear el Instituto para los Adultos Mayores y la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, pero estas no fueron analizadas en esta comisión porque no le corresponde, sino que será en otra.
Lo que no pasó fue la propuesta de que se incluyera como delito de abandono de persona a quien abandone a un anciano, con cuatro años de prisión, como lo proponía Morena.
La diputada Cristina Márquez Alcalá expresó que retomando el derecho humano a la dignidad, propuso que para darle viabilidad a la propuesta mencionando que los alimentos comprenden, la comida, el vestido, la habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención y las expensas necesarias para la educación obligatoria del alimentista, garantizando una vida digna.
David Martínez argumentó que su propuesta parte de reconocer la precariedad de los adultos mayores después de haber dado su vida, quedan excluidos del desarrollo social y el cuidado recae en las mujeres. Además su condición se agrava porque muchos de ellos se encuentran en pobreza.
Mencionó que tienen que avanzar en proteger los derechos de los adultos mayores porque, según el censo poblacional de 2020, en el estado hay 670 mil 80 personas en esta edad, que significan el 10% de la población de Guanajuato.
Se analizó la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, del Código Civil para el Estado de Guanajuato.
Circe León López, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señaló que solo bastaría hacer una referencia a la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que ésta pudiera tener integración dentro del propio Código Civil, debido a que si se establecen casos específicos se podrían excluir otros casos.
Jorge Luis García Gómez, representante de la Fiscalía General del Estado, comentó que la iniciativa es muy amplia por abarcar a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, por modificar el concepto tradicional de alimentos, entre otros puntos, por lo que consideró que la iniciativa debería de profundizarse para establecer cuál es el argumento que sustenta las modificaciones.
Por su parte, Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, consideró necesaria una consulta con esta población, pues así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Carlos Rodríguez Pacheco, representante de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, externó que la reforma en materia civil podría ser no necesaria debido a que la obligación alimentaria ya establecida en la ley local.
El diputado Bricio Balderas Álvarez dijo que el tema de los alimentos está debidamente atendido y definido en el Código Civil local, además de ser cuidadosos para que no se trastoque un aspecto procesal para no caer en un acto de inconstitucionalidad.