León, Guanajuato.- Aunque en Guanajuato se estima que el 9 % de la población adulta consume drogas ilegales, los apoyos a los centros de rehabilitación por parte del gobierno estatal son ínfimos y sobreviven en medio de penurias.
Atrapadas por las drogas, 500 mil personas de acuerdo a la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), tiene pocas opciones para rehabilitarse: esa dependencia atiende a 9 mil pacientes en diez centros que brindan atención ambulatoria, es decir, sin internamiento. La mitad de los pacientes son adolescentes.
De la gente que puede aportar, le damos de comer a la gente que no puede aportar, entre ella, gente de la calle”
Además hay otros ocho centros privados certificados que sí internan a los pacientes y ocho más están en proceso de certificación, integrados en un universo de al menos 334 Centros de Rehabilitación (CR) privados, llamados anexos, reconocidos por la SSG.
Las clínicas privadas que ofrecen el tratamiento más completo cobran por 40 días o un mes alrededor de 50 a 60 mil pesos, por lo que quedan fuera del alcance de la mayoría de las familias que sufren el problema, de acuerdo a Nicolás Pérez, líder de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), que agrupa a 120 anexos en el estado.
Comentó que dependiendo de la situación económica de la familia del paciente es la cuota semanal solicitada en los CRUB: “300, 400 pesos. Ya 500 pesos ya es muy alto para nosotros. Pero nuestro interés es combatir este problema que estamos viviendo. De la gente que puede aportar, le damos de comer a la gente que no puede aportar, entre ella, gente de la calle”.
Si bien muchos anexos reciben donaciones de la Central de Abastos o el Banco de Alimentos, la manutención de los pacientes recae en sus familias, que tienen que aportar una cuota semanal y casi siempre una mini despensa, que ronda los 300 pesos
María Martha Sánchez Peña, directora del CR Águilas en Plenitud, ubicado en El Coecillo, ayuda a las internas a partir de su experiencia, pero no tiene recursos para ofrecer una atención especializada
“Yo quisiera poder solventar el gasto, que viniera una psicóloga especialista en adicciones -a las drogas- porque yo soy alcohólica -en recuperación-, no tengo la misma capacidad”.
Froylán Martínez dirige el CR Mont de Zion, en la colonia Obregón, donde reciben 500 pesos semanales para atender a hombres adictos. Señaló que no reciben apoyos económicos, solo en especie. Sus gastos mensuales ascienden a unos 57 mil pesos.
Enfrentan obstáculos para rescatar a otros
Los administradores de los centros de rehabilitación (CR) son en su mayoría personas rehabilitadas que quieren compartir su experiencia y que tratan, en la medida de lo posible, seguir la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento integral y control de las adicciones, aunque consideran que la certificación oficial es casi imposible de cumplir.
Antes la otorgaba la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), ahora, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Conasama.
Los requisitos van desde realizar un estudio de necesidad para fundamentar la operación del centro, las características que tendrá el establecimiento como: el tipo de población que atenderá, el perfil profesional con el que deben de contar y sus características, el tipo de adicción que se atenderá, la infraestructura que deberá tener, las condiciones en la alimentación.
También cuestiones administrativas que tendrá que cumplir el CR, desde dar aviso de funcionamiento a las autoridades sanitarias correspondientes, hasta la elaboración de un manual de organización y procedimientos.
Todo esto mientras los administradores luchan por cubrir los gastos diarios de operación.
María Martha Sánchez Peña, directora del CR Águilas en Plenitud, ubicado en El Coecillo, explica que en ese lugar, exclusivo para mujeres, el tratamiento dura al menos cuatro meses de internación.
“Nosotras trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, tenemos guía espiritual y una psicóloga que les pone los dibujos a las niñas. Yo quisiera poder solventar el gasto, que viniera una psicóloga especialista en adicciones -a las drogas- porque yo soy alcohólica -en recuperación-, no tengo la misma capacidad”.
Reconoció que solo puede ayudar a las pacientes desde su propia experiencia empírica. A sus 70 años, ya no puede seguirles el ritmo.
Actualmente el centro tiene 22 pacientes, se cobra a sus familias 500 pesos semanales y productos de despensa, aunque los gastos superan los ingresos: 7 mil pesos de renta, mil 400 de agua, mil 500 de luz eléctrica, 800 de internet, sin contar el pago de la psicóloga y los alimentos, que cubre con donaciones casi siempre en especie.
En el CR Semillas de Vida, en la colonia Obrera, se atiende a hombres adultos y se parte de la rehabilitación física del paciente, para luego trabajar la mente y el espíritu, para profundizar en las causas que detonaron la adicción y fortalecerlos para superarla. Ahí solo los gastos del inmueble superan los 15 mil pesos.
Mientras que Froylán Martínez dirige el CR Mont de Zion, en la colonia Obregón, donde se rehabilita a hombres, especialmente jóvenes. Hay una cuota semanal, de 500 pesos.
Señaló que ellos no reciben apoyos económicos, solo en especie, desde el municipio: acude personal de salud y de servicios dentales, además del envío regular de productos alimenticios o invitaciones a actividades artísticas.
“No te dan los apoyos solo por ser centro de rehabilitación, hay que cubrir con los requisitos, que estés bien ante Hacienda, acta constitutiva -como Asociación Civil-”, algo que está en proceso, para poder emitir recibos para deducir impuestos.
Sus gastos mensuales ascienden a unos 57 mil pesos, entre comidas, luz, agua, renta, servicios y pago de docentes y psicólogos.
Dijo que ha pedido al municipio habilitar la iluminación alrededor del centro, ya que la oscuridad provoca asaltos. También han batallado para integrar las cámaras exteriores al C4. Ambas acciones, dijo, contribuirían a la seguridad del centro.
Los anexos han sido blanco de ataques armados. El más grave ocurrió en Irapuato, en julio de 2020, con saldo de 27 muertos. El más reciente fue el día 4, en Irapuato, donde resultó un hombre fallecido, un herido y daños a la propiedad.
Trabajar con miedo
El 26 de abril de 2021, integrantes de varios centros de rehabilitación del estado se manifestaron en Guanajuato capital frente al palacio de Gobierno y la Secretaría de Finanzas exigiendo apoyos para su operación y regulación.
Al día siguiente, la entonces secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, firmó una serie de acuerdos con Nicolás Pérez, líder de CRUB y con Alejandro Buenrostro, de Fuerza Nacional, agrupación que aglutina a varios centros de este tipo a nivel nacional.
Entre los acuerdos estuvieron generar mesas de trabajo interinstitucionales para tratar la necesidad de capacitación, regularización de sus establecimientos y apoyos económicos para pagar la renta, agua y luz.
Solo hubo un primer acercamiento, según Nicolás Pérez, donde la autoridad les planteó la tramitología para el permiso de uso de suelo. El tema de los dineros no se negó pero tampoco se volvió a tocar, pues no hubo seguimiento por más de dos años.
A principios de septiembre la diputada morenista Alma Alcaraz Hernández presentó ante el pleno del Congreso un exhorto a los 46 presidentes municipales para que en sus proyectos de leyes de ingresos contemplen apoyos para la regularización y operación de los centros de rehabilitación en sus ciudades.
Al gobernador Diego Sinhue Rodríguez lo exhortó a brindar estrategias de seguridad para estos lugares, así como dar cumplimiento a los compromisos adquiridos el 27 de abril de 2021.
Para nosotros no hay garantías de seguridad”.
De acuerdo a Nicolás Pérez, del CRUB, esto resucitó el tema, pues después de eso ya celebraron una reunión con el Gobierno estatal y con gobiernos de los municipios de Silao, León y Salamanca.
“La cuestión sigue siendo preocupante -por el ataque del 4 de noviembre en Irapuato-. Para nosotros no hay garantías de seguridad. Hemos visto que en los Oxxo, las farmacias, los bancos, ahí sí ponen una patrulla, pero para nosotros, que les ayudamos al estado y a los municipios más que esos lugares, no hemos logrado una atención”.
Hechos como los del sábado remueven las cosas, dijo, pero solo por un rato.
Lamentó que se tolere que sigan trabajando CR con sellos de clausura o que no tienen aviso de funcionamiento.
El líder de los anexos dijo que ya advirtieron a las autoridades que de seguir el abandono y sin posibilidad de exponer sus inquietudes, realizarán una nueva manifestación masiva en Irapuato, ciudad donde se han recibido amenazas en estos espacios de rehabilitación.
“¿Sabe que nos dice la Fiscalía? Que son extorsiones -falsas-, que no pasa nada. Nosotros, por nuestro lado, tuvimos que investigar y resulta que la extorsión sí fue real”. Por esa razón, ese centro fue abandonado y los pacientes se quedaron sin tratamiento.
A pesar de todos los obstáculos que ha visto, Ciro Alberto Becerra, un paciente rehabilitado, está buscando abrir su propio centro de rehabilitación en Silao.
De su bolsillo, compró una casa en abonos y está buscando apoyos para amueblarla y para conseguir especialistas que respalden su proyecto.
“He tenido cuatro procesos de recaída y en las agrupaciones que he estado, me han dejado de encargado. Yo quisiera ayudar a personas como nosotros. Para ser sincero, estar en estos lugares a mí me ayuda, me hace seguir en sobriedad”, concluyó.
Se quedan sin apoyos
El Centro de Rehabilitación El Cuartel, fundado en 2017 por Eder, un joven rehabilitado, sobrevive en Guanajuato capital por aportaciones económicas de los familiares de los internos.
Pero lo hace a duras penas y enfrenta problemas para pagar agua, luz, teléfono e internet, además de dar de comer a los internos.
De 25,000 a 35,000 pesos mensuales es lo que gasta El Cuartel, depende del número de internos que tenga.
Hasta hace muy poco el apoyo que recibían era del Banco de Alimentos de Guanajuato capital, sin embargo por el aumento de centros de rehabilitación en el municipio ya no cuentan con el respaldo.
De hecho, actualmente actualmente no cuentan con ningún tipo de apoyo, federal, estatal y municipal o privado
El encargado del centro de rehabilitación El Cuartel no conoce el programa Planet Youth, por lo que desconoce si ayudaría en la rehabilitación de los jóvenes.
‘Es más fácil poner un depósito de cervezas’
Con muchas trabas por parte del gobierno y con el miedo latente por los ataques que han ocurrido en algunos anexos, los centros de rehabilitación para adictos de Celaya tienen que operar generalmente entre la informalidad y con sus propios recursos.
El ‘Padrino’ lleva tres años liderando al ‘Anexo Juvenil V’ en donde han buscado sostenerse sin formar parte de ningún programa gubernamental, ya que no hay tiempo para esperar algún apoyo.
“Una de nuestras tradiciones es no depender de ninguna organización política, ni institución pública, sino mantenernos con nuestras propias contribuciones, cada persona que sale aporta dinero, las familias también y nosotros otra cantidad, para deslindar gastos como renta, agua, luz, comida o si alguien se enferma, comprar medicamentos”, dijo para AM.
En este pequeño anexo de Celaya se busca fomentar la cooperación entre los propios internos, incluso también haciendo guardias para cuidar el lugar todo el tiempo, en la que todos se turnan para participar.
“La barrera es el miedo, por todo lo que ha pasado en estas casas, incluyendo la mía, a veces son cosas fuera de nuestro alcance y claro que estamos en una ciudad donde la violencia prevalece y la gente tiene miedo”, añadió el ‘Padrino’.
Dos encargados de estos centros de rehabilitación estiman que en el municipio existen alrededor de 50 anexos, 500 agrupaciones de pláticas para adictos y son cerca de 10 mil personas que acuden que no tienen otra institución de salud que los reciba.
Sin embargo, aseguran que casi en su totalidad padecen para estar completamente regularizados por los permisos que exige Desarrollo Urbano en cuanto a factibilidad y uso de suelo.
“Es más fácil poner un depósito de cervezas que un centro de rehabilitación. De hecho pareciera que no quisieran que hubiera”, comentó un encargado de otro anexo que prefirió el anonimato.
CA