León, Guanajuato.- Casi cuatro años después de presentarse la primera denuncia por presunta estafa contra el despacho Punto Legal, los afectados exigen a las autoridades a prestar atención al caso, ya que suman casi 500 víctimas que hasta la fecha no han obtenido justicia. 

La estafa se estima en más de 100 millones de pesos, considerando los casos identificados en varios municipios del estado, principalmente León, pero también en Celaya, Salamanca y Silao, entre otros.

El despacho, ubicado en León, falsamente ofrecía en venta supuestas casas en remate judicial o bancario. Miguel Domínguez y Ubaldo Magallanes, víctimas y coordinadores de un grupo conformado por casi 200 estafados, compartieron a AM que este año han mantenido reuniones este año con el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, pero no han visto avances significativos.

Durante años, algunos afectados han sufrido no solo pérdidas económicas, sino también problemas de salud, e incluso ha habido fallecidos que no recuperaron su dinero. Algunos buscaban adquirir un patrimonio propio, mientras que otros se dedicaban a comprar casas en remate para remodelar y revender, pero nunca recibieron lo que pagaron.

Edgar Francisco Franco Ríos, señalado como líder de los presuntos fraudes, se encuentra en prisión preventiva en el Cereso de León desde mayo pasado, pero las denuncias avanzan lentamente. Las audiencias programadas para resolver las denuncias se han pospuesto en varias ocasiones por diversas razones.

Hasta ahora, ninguna denuncia ha llegado a una resolución final; algunos bloques de denuncias están en etapa intermedia, donde se presentan los medios de prueba. También se critica que el Poder Judicial de la Federación haya otorgado amparos al estafador, argumentando violaciones en su proceso.

Los estafados también exigen que se investigue y se lleve ante la justicia a la red que operaba con Edgar, compuesta por familiares y personas que contrataba.

Alertan de más estafas 

En León, hay más grupos de estafadores que están replicando el modelo de estafa utilizado por Edgar Francisco Franco Ríos durante varios años. Este modelo involucra la supuesta venta de casas en remate judicial o bancario, utilizado por Franco para estafar a decenas de personas en León a través de la falsa firma Punto Legal.

Juan José Hernández Torres, director general de la firma legal “Hernández Torres & Asociados”, que asesora legalmente a al menos 47 de las víctimas de Edgar y su red de cómplices, señaló este fenómeno. Estas estafas tienen denuncias desde 2019, aunque algunos afectados sugieren que podrían haber ocurrido incluso años antes.

Hay personas que están copiando el modelo, vieron que era una forma de robarle a la sociedad de forma rápida, es el mismo contrato y eso es lo que nos molesta, que las autoridades no estén verificando lo que está pasando”, anotó.

El abogado precisó que, a través de su firma, tiene conocimiento de al menos cuatro grupos de estafadores que operan de manera similar en la ciudad, ofreciendo propiedades a través de redes sociales, al igual que lo hacía Punto Legal. “Es necesario que el Estado se comprometa a investigar este tipo de delitos y no pase esto, hay una afectación patrimonial y emocional”, subrayó.
Hernández Torres hizo un llamado urgente para que se realicen las reformas necesarias para que el delito de fraude sea perseguido de oficio. 

Contrato de prestación de servicios

Alertó sobre la facilidad con la que la gente puede caer en estos engaños, ya que los estafadores hacen parecer que todo es legal, desde la oficina que ocupan hasta el notario que utilizan al firmar un supuesto contrato de compraventa. Este contrato resulta ser solo de prestación de servicios para llevar a cabo la compraventa, lo que les permite protegerse ante denuncias penales.

“La mayoría de la gente no conoce la ley y dice que si la parte prestadora del servicio incumple, tendrían que ir a un juzgado civil”, apuntó.

Notarios en la mira y autoridades sin hacer nada

En relación con los notarios que participaron en los fraudes cometidos por Edgar Franco, Miguel Domínguez recordó que estuvieron involucradas cuatro notarías de la ciudad. “Y ahorita se están investigando más notarías públicas, esto detonó que se señalara que hay notarios que no estaban operando de manera correcta”, señaló.

Hizo un llamado a las autoridades para que presten atención al caso, ya que hasta el momento ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad ha avanzado en el mismo. “Son casi 500 familias afectadas y han sido afectadas de muchas maneras, cada una es una historia diferente, les afectó económicamente, en su salud, en todo, les cambió toda su vida. Una sola familia (Edgar y su familia)  afectó a todas estas personas, increíble, y no ha procedido ni una sola carpeta, esa es nuestra inconformidad, nos están haciendo batallar”, expresó.

Por otro lado, Ubaldo Magallanes recordó que las irregularidades en el caso se remontan al momento en que se presentaron las denuncias en la Fiscalía General del Estado, ya que a varios se les dijo que era probable que las denuncias no procedieran. 

Estaban influenciando sobre la gente al decirles: ‘no tiene caso que demande, va a perder el caso, no va a ganar nada, el fraude es un delito menor, va a perder’”, relató.

Además, la defensa de Edgar Franco está buscando a los afectados para ofrecerles el 30% de lo defraudado, lo cual ha sido rechazado por considerarlo injusto después de las pérdidas sufridas durante estos años.

“Hay casos en los que la gente vendió su casa para comprar en teoría dos casas y ahorita está rentando. Hay otro caso de un señor que solamente tenía un terreno, lo vendió y ahora anda rentando y ya es un adulto mayor. Otras personas traían dinero de Estados Unidos, se lo entregaron y los dejó sin dinero. Otros invirtieron sus retiros de sus trabajos”, compartió Ubaldo Magallanes.

LALC